La Corte Suprema de Chile rebajó hoy, en un fallo definitivo, las condenas a 14 represores por el asesinato de cuatro personas cometidos en 1986, tras un fallido atentado contra el entonces dictador Augusto Pinochet, informaron fuentes judiciales.
El fallo, de la II Sala Penal del máximo tribunal chileno, modificó la resolución de segunda instancia dictada el 28 de diciembre de 2007 por la Corte de Apelaciones, que había confirmado las penas establecidas en primera instancia, el 29 de septiembre de 2006, por el juez especial Haroldo Brito.
La noche del 7 al 8 de septiembre de 1986, los agentes sacaron desde sus casas al periodista José Carrasco Tapia, al profesor Gastón Vidaurrázaga, al publicista Abraham Muskatblit y al técnico electricista Felipe Rivera, cuyos cadáveres aparecieron a la mañana siguiente, acribillados, en distintos puntos de Santiago.
Los asesinatos fueron perpetrados cuando Santiago de Chile estaba bajo estado de sitio y toque de queda, decretado a raíz del atentado que miembros del grupo armado Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) llevaron a cabo contra Pinochet el mismo 7 de septiembre.
Pinochet resultó ileso, pero cinco de sus guardaespaldas murieron y otros doce resultaron heridos en el ataque del FPMR contra la comitiva del general en Santiago.
José Carrasco Tapia, editor internacional de la revista Análisis y, al igual que las demás víctimas, opositor a la dictadura, recibió 17 balazos en el cráneo y su cadáver fue abandonado junto al muro de un cementerio de la capital chilena.
Con el fallo de hoy, el ex mayor del Ejército Álvaro Corvalán Castilla, que era el jefe de operaciones de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y que actualmente cumple cadena perpetua por otros casos de violaciones a los derechos humanos, vio rebajada su condena de 18 a 12 años de prisión.
Al ex oficial de Carabineros Iván Quiroz Ruiz y al ex capitán del Ejército Jorge Vargas Bories, sentenciados antes a trece años de prisión, se les rebajó la sentencia a siete.
Quiroz Ruiz también está preso, en cumplimiento de una condena de diez años por su participación en el asesinato, en junio de 1987, de doce opositores.
A otros once antiguos agentes, sentenciados anteriormente a penas de entre cinco años y un día y ocho años de prisión, la Corte Suprema les fijó una pena de cinco años y les concedió el beneficio de la libertad vigilada.
En este punto, dos de los jueces de la Suprema abogaron por otorgar el beneficio a sólo uno de estos once, Jorge Jofré Rojas.
