El servicio del transporte colectivo en El Salvador volvió hoy a la normalidad, después de permanecer semiparalizado durante 72 horas a raíz de las amenazas de las pandillas en rechazo a una ley que el presidente Mauricio Funes sancionó el jueves, informaron hoy fuentes del sector.
"Estamos ahora a un 100 por ciento, todas las rutas están trabajando", dijo a Efe el dirigente de la Cámara Salvadoreña de la Industria del Transporte (CASIT), Rodrigo Contreras.
Destacó que la regularización del servicio ha venido "de menos a más", y que hoy los autobuses y microbuses de las rutas locales e intermunicipales salieron normalmente a cumplir su labor.
En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), Genaro Ramírez, quien aseguró que "está todo normal".
"Ayer venció el plazo, ya los motoristas (conductores) no tuvieron temor que los quisieran asesinar y ya salieron a trabajar", sostuvo.
En las calles de San Salvador circulaban hoy las unidades del transporte colectivo, bajo la presencia de soldados y policías encargados de resguardar la ciudad.
Contreras señaló que en localidades como Soyapango e Ilopango, así como en el departamento de San Miguel (oriente) se ha restablecido la circulación del transporte y aseguró que estos "son puntos más críticos" debido a la "alta presencia de las pandillas".
Los dirigentes explicaron que los transportistas se abstuvieron de salir a las calles por "temor" en los últimos días.
"La gente se preguntaba qué hacer después del día tercero, cuando vengan las represalias, cuando ya no tenga la Fuerza Armada. Entonces, no se iban a arriesgar (...) Ese temor fue un factor determinante para que la gente lo pensara dos veces (antes de trabajar)", sostuvo Contreras.
Desde el martes, el transporte colectivo en El Salvador quedó semiparalizado a raíz de la presión de las pandillas, que amenazaron con atentar contra vehículos y trabajadores de ese sector en rechazo a la ley en su contra.
En un comunicado difundido por medios locales el martes, la Mara Salvatrucha (MS) y la Mara-18 (M-18), tradicionalmente enfrentadas entre sí, se hicieron responsables de la paralización del transporte, pidiendo "disculpas" a la población y anunciando que duraría 72 horas.
Además, propusieron un diálogo con el Gobierno, que ha sido descartado por varios funcionarios.
En respuesta, Funes firmó ayer la Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, aprobada por el Parlamento el pasado 1 de septiembre y que penaliza la pertenencia y financiación de esos grupos con castigos de hasta diez años de cárcel.
