Un tribunal de alzada de Argentina aceptó un pedido del Gobierno para que el caso del uso de reservas monetarios para el pago de deudas sea analizado por la Corte Suprema, pero mantuvo la vigencia de una medida cautelar que frenó la utilización de los millonarios recursos.
Fuentes judiciales informaron que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal avaló que la causa abierta por el denominado Fondo del Bicentenario sea tratada por el Supremo, tal como había solicitado el Ejecutivo el pasado día 5.
Sin embargo, los jueces del tribunal de alzada rechazaron el pedido del Gobierno para que quedara en suspenso un fallo de un juzgado de primera instancia que frenó la constitución del fondo, cuya creación había sido ordenada en diciembre pasado por un decreto de necesidad y urgencia de la presidenta argentina, Cristina Fernández.
Parlamentarios de la oposición habían recurrido a la Justicia en contra de ese decreto presidencial, cuya validez debe ser discutida en el Congreso, donde el oficialismo ha perdido la mayoría absoluta tras los comicios legislativos de junio pasado.
La polémica se desató el pasado 15 de diciembre, cuando Fernández decretó la creación del Fondo del Bicentenario, que debía constituirse con 6.569 millones de dólares provenientes de las reservas monetarias del Banco Central y cuyo destino era garantizar el pago de deudas soberanas.
La creación de este fondo fue anunciada en consonancia con la voluntad de Argentina de lanzar una oferta de canje para aquellos acreedores con bonos argentinos por 20.000 millones de dólares impagos desde 2001 y que no ingresaron a una millonaria reestructuración en 2005.
El Gobierno argentino asegura que el canje y la "señal positiva" a los inversores que se pretende dar con el Fondo del Bicentenario son vitales para que el país pueda regresar a los mercados internacionales a financiarse a tasas razonables, algo que no ocurre desde el estallido de la severa crisis de 2001.
Pero desde la oposición aseguran que, con el impulso de ese polémico fondo, el Ejecutivo pretende esconder los problemas fiscales del país y apropiarse de los recursos del Banco Central para sustentar el alto gasto público.
Además de arremeter en la Justicia contra el Fondo del Bicentenario, la oposición se ha esforzado en los últimos días en sumar apoyos de bloques independientes en el Parlamento en contra del decreto presidencial.
La validez de los decretos de necesidad y urgencia debe ser analizada por las dos cámaras del Congreso, donde la oposición asegura que ya cuenta con los votos necesarios para vetar la medida presidencial.
Este debate se dará la semana próxima, cuando Fernández deje inaugurado el período ordinario de sesiones en el Legislativo.
La polémica en torno al Fondo del Bicentenario desató un fuerte conflicto institucional en las primeras semanas de este año cuando el entonces presidente del Banco Central, Martín Redrado, se negó a habilitar el uso de reservas para el pago de deudas y entonces Cristina Fernández resolvió cesarle en su cargo.
Redrado acudió a la Justicia para resistir en su puesto, pero finalmente Fernández logró removerlo el pasado día 3, luego de una consulta no vinculante a una comisión parlamentaria especial.
