El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, afirmó hoy que el Gobierno no tiene nada que hablar con la "burguesía parasitaria" de Santa Cruz (este) que este martes se movilizó para reclamar atención a sus demandas.
García Linera, quien ejerce la presidencia interina de Bolivia por el viaje de Evo Morales a Brasil, dijo que en la región de Santa Cruz hay dos tipos de empresarios, aquellos que producen y los que viven del alquiler de tierras y los "favores políticos".
A su juicio, este último grupo es el que se "ha dedicado a la lucha política", hace campaña contra el Gobierno y en algunos casos "ha financiado a los asaltantes de instituciones".
"Con esa burguesía parasitaria, el Gobierno no tiene nada que hablar", dijo García Linera, al agregar que, en cambio, el Ejecutivo de Morales está dispuesto a trabajar con la burguesía agrícola cruceña "que genera producción y no vive de su renta".
El vicepresidente aludía con sus críticas a los empresarios que este martes realizaron en Santa Cruz un "tractorazo", una movilización de maquinarias durante 50 kilómetros para reclamar al Gobierno políticas favorables a su sector.
La protesta, que según medios locales se extendió por más de diez kilómetros, aglutinó a varios productores agrícolas y expresó también críticas a las políticas del Gobierno durante este año, que a su juicio fue "negro" porque se "estranguló" al sector productivo.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) anunció que el "tractorazo" no fue "una movilización más" sino el inicio de una "cadena de marchas" para defender su derecho al trabajo.
El Gobierno mantuvo este año durante varios meses la prohibición de exportar diversos productos, con el argumento de que antes los empresarios deben asegurar un precio justo para el mercado local.
García Linera dijo que el Ejecutivo no retrocederá en sus políticas pese a las movilizaciones opositoras y mantendrá los decretos que "vigilan y regulan" las exportaciones para asegurar la provisión del mercado interno.
"Se acabó la orgía del libre mercado", agregó, tras asegurar que el Estado se consolidará como productor con la creación de empresas para la producción de alimentos, pero al mismo tiempo dará créditos al sector privado con un fondo de 200 millones de dólares.
