El sector empresarial de Guatemala pidió hoy una "auditoría forense" del Banco de Desarrollo Rural (Banrural), señalado en un vídeo por el asesinado abogado Rodrigo Rosenberg de ser utilizado por el Gobierno para lavar dinero.
Un portavoz del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) dijo a Efe que el objetivo de esa petición "es determinar la situación real de Banrural".
Rosenberg, de 47 años de edad, asesinado el pasado 10 de mayo en un sector del sur de la capital, aseguró en un vídeo grabado tres días antes de su muerte, que Banrural era utilizado por el Gobierno del presidente Álvaro Colom, para realizar "negocios ilegales y millonarios".
Según la cinta, esos negocios "van desde el lavado de dinero hasta el desvió de fondos públicos a programas inexistentes de la señora del presidente Sandra de Colom, así como el financiamiento a empresas de papel utilizadas por el narcotráfico".
Banrural, de capital mixto, con activos que superan los 3.125 millones de dólares, es el segundo banco más grande y sólido de Guatemala, dedicado principalmente al otorgamiento de créditos agrícolas, comerciales y artesanales a pequeños y mediados empresarios, y a cooperativistas del país.
El 21 por ciento de las acciones de ese banco pertenecen al Estado, y el restante 79 por ciento a más de 5.000 socios, en su mayoría cooperativistas agrícolas.
La "auditoría forense" solicitada por el Cacif deberá ser realizada "por una firma internacional independiente" y abarcar "todos los fideicomisos estatales administrados por ese banco, y en particular los relacionados con los productores de café", añadió la fuente.
En el vídeo, Rosenberg responsabiliza de su asesinato y el del empresario Khalil Mussa y su hija Marjorie, ocurridos el pasado 14 de abril, al presidente Colom, su esposa Sandra Torres, su secretario privado, Gustavo Alejos, el también empresario Gregorio Valdez, y los directivos de Banrural, José Angel López, Fernando Peña y Gerardo de León.
Mussa, de 74 años de edad, y su hija Marjorie, de 47 años, fueron asesinados a tiros en un sector del sur de la capital, por dos sujetos no identificados que les dispararon desde una motocicleta.
El doble crimen, según la denuncia del abogado, se debió a que Mussa, quien en diciembre del año pasado fue llamado por el presidente Colom para representar al Gobierno en la junta directiva de Banrural, nunca llegó a aceptar el cargo "para evitar problemas".
La investigación de los crímenes de los Mussa y de las acusaciones de Rosenberg en el video esta a cargo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que dirige el jurista español Carlos Castresana.
Como parte de esas pesquisas, la Cicig analiza dos cartas firmadas por Alejos, publicadas hoy por los medios locales, en las que se corrobora que el 5 de enero pasado pidió a José Ángel López, presidente de Banrural "faccionar el nombramiento de Mussa como miembro del consejo de administración" del banco.
En la otra nota, de fecha 29 de enero, Alejos cambia de parecer y pide al entonces ministro de Economía, Rómulo Caballeros, nombrar en ese cargo a Andrés Castillo.
Según la denuncia de Rosenberg, los implicados "en realidad no tenían ninguna intención de que él (Mussa) asumiera dicho puesto", y "solo utilizaban su buen nombre con el argumento de que si no se repartían nuevas cuotas de poder (Mussa) iba a denunciar, cuando descubriera la corrupción con la que el gerente general de Banrural maneja ese banco".
Esas acusaciones han desatado un escándalo político de grandes dimensiones en el país, que puede llegar a costarle el puesto al presidente Colom, contra quien miles de personas pidieron este lunes al Parlamento iniciar el proceso para retirarle la inmunidad y que sea procesado judicialmente.
El mandatario ha insistido en su inocencia, la de Alejos, la de su esposa, y la de Banrural, y ha responsabilizado de la trama a "sectores interesados", que no identifica, en perjudicar a su Gobierno.
