El gobierno de Tamaulipas rechazó hoy la posibilidad de declarar el régimen de excepción en alguna parte de ese norteño estado mexicano, donde han sido encontrados 145 cadáveres en varias fosas clandestinas en los últimos días.
"No es con la apelación a la excepción, no es con la disminución de las libertades ciudadanas en cualquier porción de nuestra entidad federativa (estado) lo que conducirá a la solución del problema", dijo hoy a la emisora MVS el secretario general de Gobierno, Morelos Jaime Gómez Canseco.
"Se necesita una colaboración auténtica entre esferas de gobierno para que, por un lado, se fortalezca la seguridad pública y, por otro, nuestro país haga gala de capacidad para atender los riesgos a la seguridad interior de las bandas de narcotraficantes", agregó en la entrevista.
Gómez Canseco recordó que las organizaciones criminales "están presentes en muchas partes del territorio nacional", no nada más en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas, donde fueron halladas estos días numerosas fosas con cadáveres.
Desde comienzos de abril en ese estado del noreste de México han sido encontradas 145 personas asesinadas, muchas de la cuales fueron presuntamente obligadas a bajar "selectivamente" de autobuses que transitaban por la entidad por personas armadas.
El funcionario explicó que "de catorce fosas clandestinas se extrajeron 122 (cuerpos)", cuya característica fundamental es que su muerte fue "reciente".
Por ello, presume que estos casos "pueden tener vinculación con la privación ilegal (de libertad) a pasajeros de los autobuses que motivaron la indagatoria" abierta este mes.
Además, dijo, hay 23 cadáveres más de personas encontrados también en fosas, cuya "muerte ocurrió en un período de entre treinta y sesenta días", por lo que no estarían relacionados con los presuntos secuestros ocurridos a fines de marzo en autobuses que atravesaban San Fernando.
Estos últimos casos "no podrían relacionarse con los pasajeros de los dos autobuses que motivaron la investigación", agregó.
"Eso nos llevaría a la cifra de 145 cuerpos", resumió Gómez Canseco, al explicar que hay cuatro cadáveres adicionales que "corresponden a personas que se presume que son delincuentes".
Esas cuatro personas murieron "en enfrentamientos que tuvieron con elementos de las Fuerzas Armadas en uno de los operativos de búsqueda y descubrimiento de las fosas clandestinas", abundó.
Estas, al parecer, eran vigiladas por sicarios al servicio de las organizaciones criminales que fueron sorprendidos por los militares, reveló.
La masacre ha sido atribuida al cartel de las drogas de Los Zetas, uno de los grupos más sanguinarios del país y que en Tamaulipas se disputa el control de las drogas con su antiguo aliado el cartel del Golfo.
Según la Fiscalía general, por estos hechos han sido detenidas 33 personas, entre ellas 16 policías municipales por su supuesta colaboración con Los Zetas, que surgieron hace una década de la mano de un grupo de militares de elite desertores.
Gómez Canseco aseguró que "de ninguna manera" es momento de establecer el estado de excepción, como permite la Constitución mexicana, a pesar del hallazgo de las fosas en San Fernando, que se suma a otro en agosto pasado con 72 cadáveres, en su mayoría de inmigrantes centroamericanos.
"Lo que Tamaulipas y su gobierno, lo que el Ejecutivo estatal ha planteado a la Federación, es la necesidad de establecer una colaboración auténtica" con el objetivo de solucionar la crisis de seguridad.
Para el funcionario estatal, tras los hechos hay "ilícitos que la ley considera de delincuencia organizada que son de competencia federal y donde la capacidad jurídica, humana, de armamento, está a cargo de la Federación", que debe enfrentarlo con el apoyo del estado.
