El Gobierno de Evo Morales superó hoy el pulso con el sindicato de choferes más grande de Bolivia al término de dos días de huelga, sin modificar el polémico decreto que sanciona a los conductores ebrios y a las empresas para las que trabajan.
Los ministros de Gobierno (Interior), Sacha Llorenti, y de Obras Públicas y Servicios, Walter Delgadillo, anunciaron en rueda prensa que se alcanzó un acuerdo con la directiva de los choferes para que suspendan sus medidas de fuerza y acepten la aplicación del decreto.
Delgadillo explicó que el acuerdo logrado establece en un primer punto "un compromiso conjunto de defensa de la vida en las carreteras" y un segundo aspecto es la "vigencia plena, sin modificaciones", del decreto contra los conductores borrachos.
Horas antes, ambos ministros en otra comparecencia ante la prensa dieron por "derrotada" y "agotada" la huelga de 48 horas convocada por la confederación de choferes del país, que tiene 150.000 afiliados.
Minutos después del anuncio del acuerdo, más de una decena de dirigentes sindicales levantó la huelga de hambre que realizaban en su sede contra el decreto desde el lunes pasado.
Al suspender la huelga, el máximo dirigente de los choferes, Franklin Durán, apuntó que su sector no está contra del presidente Morales y apoya "el proceso de cambio", si bien sostuvo que ese hecho no puede significar que "se someta" a los transportistas.
Los dos días de huelga tuvieron seguimiento en varias ciudades del país, ya que la actividad fue apoyada por piquetes de huelguistas que bloquearon calles y carreteras y se saldaron con al menos 63 detenidos, indicó el ministro Llorenti.
Hoy, al igual que el miércoles, en varias ciudades, principalmente La Paz y Cochabamba (centro), hubo enfrentamientos entre huelguistas y policías que derivaron en 20 nuevas detenciones, además de las 43 del miércoles.
Los sindicalistas habían exigido al Gobierno la liberación de todos los detenidos para lograr un acuerdo, si bien los ministros dejaron claro que no estaba en sus manos liberarlos ya que sus casos pasaron a competencia de la Justicia, tras ser acusados de causar desórdenes y destrozos en vehículos policiales y privados.
Tras el convenio, Durán anunció en su sede sindical que todos los detenidos en la ciudad de El Alto, cuyo número no fue precisado, fueron liberados por la fiscalía.
Llorenti indicó además que más de veinte empresas de transporte de pasajeros serán castigadas con la suspensión temporal de sus operaciones ya que usaron sus autobuses para bloquear carreteras y calles en las diferentes ciudades.
"Vamos a ser implacables en las sanciones y no vamos a retroceder en la aplicación del decreto supremo, seguiremos trabajando en su reglamentación y en la elaboración de una política pública y de una nueva ley de seguridad vial", dijo el ministro.
Aseguró que "el injusto e ilegítimo paro del transporte ha sido derrotado gracias a la participación ciudadana" y reiteró que el Gobierno "ha marcado una línea" en sentido de que no retrocederá con el decreto aunque los choferes "paren un año".
El Gobierno también formará una comisión para trabajar en el proyecto de ley sobre seguridad vial en el que se extenderán a los particulares las sanciones que se aplican a los casos de conductores borrachos del sector público.
Fue el propio presidente Morales quien anunció el miércoles que se elaborará una "ley seca" con un contenido mucho más radical que el polémico decreto porque no solo se sancionará a los choferes del sector público sino también a los particulares que circulen con sus vehículos en estado de embriaguez.
Según el Gobierno, el decreto tuvo efectos benéficos, ya que en febrero pasado el número de accidentes de tráfico fue de 496, frente a los 676 del mismo del mes del 2009 y los 657 de febrero del 2008.
En enero pasado murieron en Bolivia 90 personas en accidentes de carreteras y cada año la cifra supera el millar.
