El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, denunció hoy que el presidente de Sudán, Omar al Bachir, sigue cometiendo crímenes contra la humanidad en la región de Darfur.
Moreno Ocampo explicó hoy al Consejo de Seguridad de la ONU los pasos que el TPI sigue respecto a la situación de la región sudanesa de Darfur, en donde -señaló- se siguen cometiendo actos de genocidio contra la humanidad en ataques aéreos, así como en otros contra minorías étnicas de esa región.
"Siguen los ataques contra las poblaciones, causando miles de desplazamientos forzosos. Hay millones de víctimas de esos desplazamientos que, a su vez, lo son también de la violencia y de violaciones", denunció el fiscal del TPI.
Ese alto tribunal internacional ordenó en marzo de 2009 y en julio de 2010 la detención del presidente sudanés, que está acusado de haber cometido genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad en Darfur, donde han muerto más de 300.000 personas desde 2003.
El conflicto en Darfur comenzó en enero de 2003, cuando dos grupos armados se rebelaron contra el Gobierno por la situación de pobreza en la que se encontraba sumida esta zona.
El fiscal indicó también que Bachir, que se niega a reconocer la autoridad del TPI, ha aprendido a "cómo seguir cometiendo crímenes que desafían la autoridad del Consejo", además de que tampoco ha puesto fin a los ataques contra los desplazados y bloquea la información sobre lo que ha ocurrido con ellos.
Moreno-Ocampo señaló también que Bachir, que amenaza a la comunidad internacional con represalias, utiliza su estatuto de criminal buscado por la justicia internacional como un instrumento de negociación.
El fiscal subrayó que su informe al Consejo "muestra la imparcialidad del TPI y su compromiso de proteger a las fuerzas internacionales de paz".
Asimismo, se refirió al caso de dos comandantes rebeldes sudaneses acusados de asesinato en un ataque en 2007 a "cascos azules" africanos en Darfur: Abdallah Banda Abakaer Nourain, alias "Banda", y Saleh Mohamed Jerbo Jamus, "Jerbo", a quienes la CPI les confirmó los cargos por el asesinato entonces de "cascos azules".
El fiscal del TPI señaló que esos dos imputados "reclaman que el presidente de Sudán también tiene que comparecer ante la Corte, y cumplir con las decisiones del Consejo de Seguridad".
El TPI acusa a esos dos comandantes rebeldes sudaneses de ataques intencionados contra personal, instalaciones, material, unidades y vehículos usados en una misión de paz, y pillaje, contra la misión de la Unión Africana (UA) en Sudán en la localidad de Haskanita, el 29 de septiembre de 2007.
También, se refirió a otra investigación de esa corte sobre Darfur, y Moreno Ocampo recordó que mil soldados rebeldes rodearon y atacaron el campamento Haskanita, en el norte de Darfur, donde murieron 12 cascos azules y otros ocho resultaron heridos.
La ONU y la Unión Africana en la región (UNAMID) cuentan en una misión conjunta de paz con unos 9.000 efectivos en Darfur.
Además, la ONU ha denunciado que en la zona petrolera de Kordofan-Sur, en el centro del país africano, siguen los enfrentamientos violentos entre el norte y el sur, lo que está causando miles de nuevos desplazados internos, entre los que se cuentan 7.000 personas que acudieron a pedir refugio en el área en que se establece la misión de Naciones Unidas en Sudán.
El coordinador de la ayuda humanitaria de la ONU para Sudán, Georg Charpentier, pidió hoy en Jartum el inmediato cese de hostilidades para entregar asistencia humanitaria a los civiles.
Charpentier reiteró la responsabilidad de las autoridades sudanesas para proteger la población civil e instó a las partes "a permitir que las organizaciones humanitarias evalúen la situación y proporcionen la ayuda de urgencia que necesitan los afectados".
