El titular de la unidad fiscal que coordina el seguimiento de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar argentina, Jorge Auat, denunció hoy la "falta de firmeza" de algunos jueces al permitir a la defensa de los represores "dilatar" el comienzo de los juicios.
"No hay ningún obstáculo para que, en dos o tres años, el grueso de las causas tengan juicio y castigo. Si esto no ocurre es porque el sistema judicial falla", afirmó el titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos durante el último gobierno de facto (1976-1983).
La declaración fue hecha en una entrevista con la agencia oficial Télam.
Asimismo, reconoció que "el tiempo perdido es un problema serio en estas causas", debido a la avanzada edad de los imputados, de las víctimas y de sus familiares, así como a la "alta exposición de los testigos".
"La impunidad no sólo es un concepto normativo, sino que debe ir acompañado de un grado de compromiso por parte de los jueces", advirtió.
Lo sostenido por el fiscal es lo que las organizaciones de derechos humanos de Argentina llevan años reclamando, al denunciar que muchos represores se están muriendo sin pagar por lo que hicieron.
En 1983, el juicio a las juntas militares de la dictadura llevó a prisión a muchos de los responsables, que fueron posteriormente indultados por las denominadas "leyes del perdón", dictadas en la década de los ochenta, las cuales beneficiaron a un millar de represores, y que no fueron derogadas hasta 2003 por el Parlamento.
Dos años después, estas leyes fueron declaradas "inconstitucionales" por la Corte Suprema de Justicia, que en 2007 también anuló los indultos concedidos en 1989 y 1990 por el entonces presidente Carlos Menem a jerarcas de la dictadura y dirigentes guerrilleros.
La Unidad Fiscal de Coordinación que dirige Auat fue creada en 2007 por la Fiscalía del Estado para acelerar las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos.
Después de estos avances, para el fiscal "es necesario que los jueces reflejen su grado de compromiso para mostrar lo que realmente pasó durante la dictadura militar, para que la impunidad no sea sólo un concepto normativo".
Actualmente hay 109 condenados en el país, aunque sólo dos con condenas firmes (los ex policías Miguel Etchecolatz y Julio Simón, apodado "El turco Julián"), y 634 imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, concluyó Auat.
