La procuraduría colombiana formalizó hoy un proceso disciplinario contra el secretario general de la presidencia de la República, Bernardo Moreno, por su presunta relación con una trama de escuchas y seguimientos a magistrados, políticos opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
La entidad de control de los funcionarios del Estado en Colombia también procesó a otros ocho altos cargos o ex cargos, entre ellos tres antiguos directores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), central de inteligencia a la que se atribuye el montaje de estas intervenciones ilegales.
Asimismo, la Procuraduría General de la Nación archivó las investigaciones preliminares que hacía sobre quince funcionarios y ex funcionarios más, incluidos el secretario de Prensa y el asesor de Comunicaciones de la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo), César Mauricio Velásquez y Jorge Mario Eastman, respectivamente.
Las decisiones fueron informadas por el titular del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, quien hace una semana había anticipado a la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) que se aprestaba a proferir "pliego de cargos" en este proceso.
Los encausados hacen parte de un grupo global de 26 funcionarios y ex funcionarios a quienes la entidad estatal había vinculado de manera preliminar con la investigación de la campaña de las llamadas "chuzadas" (escuchas) y seguimientos ilegales, denunciada hace un año por la revista Semana.
Ordóñez precisó en una reunión con la prensa que, además, de Moreno, la procuraduría profirió "pliego de cargos" contra Mario Aranguren, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), dependencia del Ministerio de Hacienda responsable de asuntos contra el lavado de activos.
Al parecer, Moreno pudo incurrir en extralimitación de funciones al convocar en la Casa de Nariño reuniones para "enterarse sobre información reservada" relacionada con personas que estaba en manos del DAS y la Uiaf.
Mientras, Aranguren pudo incurrir en falta disciplinaria al suministrar, en los mismos encuentros, "información reservada a personas no autorizadas legalmente".
Los otros investigados de manera formal son los ex directores del DAS Jorge Noguera, Andrés Peñate y María del Pilar Hurtado, lo mismo que José Miguel Narváez, antiguo subdirector de esta central, y otros cuatro ex mandos medios de la misma entidad de inteligencia.
Además de Velásquez y el ahora viceministro de Defensa Eastman, la procuraduría ordenó el archivo definitivo de las causas disciplinarias contra ocho cargos medios y cinco detectives del DAS.
En general, los implicados deberán responder por haber incurrido, por acción y, en algunos casos, por omisión, en faltas disciplinarias al permitir "labores de interceptación de comunicaciones telefónicas y de correos electrónicos, sin orden judicial".
Del mismo modo, deberán hacerlo por facilitar la realización de "labores de seguimiento a algunos ciudadanos, violando con ello el derecho a la intimidad".
