Los trabajadores públicos de Uruguay aceptarán el decreto del Gobierno que les obliga a trabajar seis horas diarias si la medida viene acompañada de "una mejora salarial para aquellos que amplíen su horario", señaló hoy el presidente de su gremial, Pablo Cabrera.
A la espera de que mañana, viernes, en la reunión del Consejo Superior del Sector Público, el Gobierno "explique punto por punto el contenido del decreto y de las razones de su aplicación", el presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) señaló a Efe que el sindicato "todavía no tiene un posición definitiva sobre la medida".
Aún así, durante la reunión del Consejo Directivo de la confederación que se llevó a cabo hoy, los sindicalistas convinieron en la necesidad de que la nueva normativa "venga acompañada de una negociación colectiva y una modificación en los salarios", aseguró el presidente.
El decreto del Poder Ejecutivo, que previsiblemente será aprobado la próxima semana, establece que la jornada ordinaria de trabajo sea de un mínimo de seis horas diarias y prevé que los funcionarios de la Administración Central trabajen entre 30 y 40 horas semanales.
Según Cabrera, la medida afectará fundamentalmente a los profesionales universitarios y técnicos, cuyas jornadas laborables rondan las cuatro y cinco horas de media.
También se establecen criterios para controlar la asistencia y un sistema de sanciones.
Cabrera aseguró que, en principio, la aplicación de la medida "no tendría mayor inconveniente" por parte de la organización sindical siempre y cuando sea tratada "en la negociación colectiva" y se atienda a los reclamos de los trabajadores más afectados.
Según las últimas cifras oficiales, los funcionarios públicos en Uruguay, país de unos 3,2 millones de habitantes, son unos 256.000.
