El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, aseguró hoy que evalúa "la mejor fecha" para pedir perdón por las víctimas de la guerra civil (1980-1992), y dijo que "pudiera ser" el próximo 16 de enero, cuando se cumplen 18 años de la firma de los acuerdos de paz.
"Estoy viendo cuál es la mejor fecha para hacerlo, pudiera ser con ocasión del aniversario de los acuerdos de paz, puesto que a partir del 16 de enero de 1992 se inició una nueva etapa para el país", declaró Funes a periodistas en la población de Las Vueltas, en el departamento de Chalatenango (centro).
Indicó que en esa fecha "se marcó un punto de inflexión" en el país, pues "se rompió con el pasado y se buscó la reconstrucción del tejido social dañado durante la guerra".
"Puede ser un buen momento el 16 de enero, justamente para celebrar este nuevo aniversario de la firma de la paz, bajo el espíritu de la reconciliación nacional, y ahí puedo solicitar en nombre del Estado salvadoreño perdón por todos los abusos, por todas las violaciones cometidas en el pasado", añadió.
El 16 de enero de 1992, el entonces presidente, Alfredo Cristiani, y la ahora gobernante ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) firmaron en México los acuerdos que pusieron fin a la guerra, que causó 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos, 12.000 lisiados y miles de desplazados.
Organizaciones de derechos humanos han reclamado que El Salvador pida perdón por las víctimas de la confrontación, entre las que se cuentan civiles que murieron en matanzas atribuidas al Ejército, así como por los asesinatos del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, en 1980, y de seis jesuitas y dos de sus colaboradoras en 1989.
La Concertación Monseñor Romero, que reúne a unas 25 organizaciones, demandó hoy en un comunicado que se celebre el próximo el 24 de marzo de 2010, treinta años después del asesinato del prelado, "un acto oficial y público de petición de perdón" por parte del Estado salvadoreño.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a El Salvador que investigue el asesinato de Romero, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales, sin perjuicio de la Ley de Amnistía de 1993.
También ordenó que repare todas las consecuencias de las violaciones cometidas, incluyendo el pago de una justa indemnización, y que adecúe su legislación interna a la Convención Americana para dejar sin efecto la Amnistía, que, a juicio de activistas, mantiene en la impunidad los crímenes de la guerra.
