El presidente de Perú, Alan García, dijo hoy que no hará "una cuestión de Estado" si el Congreso de su país deroga el polémico decreto 1097 vinculado a los procesos a militares y policías por crímenes de lesa humanidad.
"¿Quiere el Parlamento derogarlo?, yo no hago cuestión de Estado, no es un tema de enorme dimensión que vaya a detener la marcha de la República, es un tema procesal", declaró el presidente García a la prensa tras un acto oficial en Lima.
"Yo no haré jamás oposición porque para eso es la democracia, y si no están de acuerdo o si creen que deben modificar algo para hacerlo más exacto, háganlo, pero háganlo de una vez", exigió el presidente García.
El Decreto Legislativo (D.L.) 1097 señala que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si en un período de 36 meses, desde que se abre instrucción, no se dicta sentencia, y que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad "rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003", cuando el país se adhirió a ese convenio.
El grueso de juicios que las Fuerzas Armadas y militares afrontan actualmente por casos de abusos a los derechos humanos son por hechos cometidos entre 1980 y 2000, cuando el Estado peruano combatió al terrorismo.
La polémica en torno a esa ley se acrecentó esta semana, después de que una veintena de miembros del grupo militar encubierto Colina, creado por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos durante el régimen de Fujimori (1990-2000), pidieron acogerse a este decreto.
Además de haber sido rechazado por políticos, juristas e incluso la Iglesia católica, el decreto también ha sido criticado por el relator especial de la ONU para la protección de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, quien expresó que puede crear "un clima de impunidad".
Hoy García explicó que el Ejecutivo emitió a principios de mes el D.L. 1097 dentro de un paquete de varios decretos en el marco de las facultades otorgadas por el Congreso para legislar sobre el Código Militar y el Policial, pero que el Legislativo incluyó el asunto de los procesos a las fuerzas de seguridad por violación a los derechos humanos.
"Extrañísimo, los parlamentarios ahora dicen que el Ejecutivo legisla sobre enjuiciamiento por violación de derechos humanos o actos judiciales. (Ahora) queremos escuchar las posiciones de las bancadas, porque (los legisladores) se lavaron las manos enviando al Poder Ejecutivo una autorización que no pedimos", criticó García.
Asimismo, el jefe de Estado acotó que el Gobierno ha adelantado con el D.L. 1097 varios artículos del Código Procesal Penal, que entrará en vigor dentro de unos meses, y aclaró que ninguna ley tiene carácter o efecto retroactivo.
El presidente peruano salió al paso para defender a su ministro de Defensa, Rafael Rey, al considerar que éste no actuó de manera incorrecta al consultar a quienes estaban a favor y en contra de la norma, ante las críticas de los opositores e incluso miembros del oficialista Partido Aprista.
Rey admitió el viernes pasado que consultó este decreto con César Nakasaki, el abogado del ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, y con Sergio Tapia, abogado del vicepresidente peruano, Luis Giampietri, involucrado en la matanza de presos del penal El Frontón, cometida durante el primer Gobierno de García (1985-1990) por efectivos de la Marina de Guerra.
El opositor Partido Nacionalista Peruano presentó esta semana una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto y su líder, el ex comandante Ollanta Humala, lo calificó de "amnistía solapada".
