Las autoridades de Gendarmería (Servicio de Prisiones) de Chile puso hoy objeciones a la orden de un fiscal que el jueves dispuso el traslado a otros recintos de más de 700 presos de la cárcel de San Miguel, donde un incendio causo el pasado 8 de diciembre la muerte de 81 reclusos.
La medida, dispuesta por el fiscal Alejandro Peña, a cargo de la investigación del incendio, con el objeto de aliviar el hacinamiento de los reos, fue considerada "inviable" por el director de Gendarmería, Luis Masferrer.
Aunque matizó que hará lo posible por cumplir la medida, Masferrer consideró que es "desvestir un santo para vestir a otro", al recordar que el hacinamiento de reos es un problema generalizado en las cárceles chilenas.
Según un informe del Instituto de Derechos Humanos, las cárceles chilenas acogen a unos 54.000 reos en una infraestructura diseñada para unos 32.000.
En la cárcel de San Miguel, en el momento del incendio, había 1.961 presos, aunque las instalaciones eran para 1.100 reclusos.
La tragedia permitió desvelar las malas condiciones de los recintos penales de Chile, cuyo principal problema es el hacinamiento y dio lugar a una sucesión de desórdenes y conatos de motín en diversos recintos, en los cuales los presos iniciaron también ayunos de protesta por el hacinamiento y malos tratos.
