La farmacéutica GlaxoSmithKline (GSK) llegó hoy a un acuerdo para pagar una multa de 750 millones de dólares a la Justicia de EE.UU., por haber vendido medicamentos defectuosos que produjo en una fábrica contaminada de Puerto Rico.
El fiscal general adjunto de la división civil del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Tony West, y la fiscal de Massachusetts, Carmen Ortiz, anunciaron el acuerdo en una conferencia de prensa en Boston, informó el diario The New York Times.
La empresa británica se declaró culpable de los cargos civiles y criminales que acusaban a su división SB Pharmaco de haber vendido 20 marcas distintas de medicamentos de dudosa calidad producidas entre 2001 y 2005 en su fábrica puertorriqueña de Cidra.
En un comunicado, GSK precisó que los problemas de contaminación sólo afectaban a esa planta, cerrada en 2009 debido "a la falta de demanda de los productos que fabricaba".
Entre los medicamentos afectados, que según la demanda federal no se ajustaban a "los requisitos de seguridad necesarios", se encontraba el popular antidepresivo Paxil y otros fármacos como Avandia, Bactroban, Coreg y Tagamet, usados para tratar náuseas, infecciones y diabetes, entre otras enfermedades.
Por el momento, no se conocen casos de pacientes que puedan haber enfermado por los problemas de calidad.
En 2002, la compañía recibió una carta de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) sobre las presuntas irregularidades en la fábrica de Cidra, pero no se comprometió a hacerles frente hasta 2005.
Cheryl Eckard, que entonces era responsable de calidad de la firma, alegó en la demanda que advirtió de los problemas a la empresa, pero ésta la despidió en lugar de arreglarlos, según el "Times".
"Lamentamos haber operado la planta de Cidra de forma inconsistente con los requisitos de las Buenas Prácticas de Fabricación (del Gobierno estadounidense) y con el compromiso de nuestra empresa con la calidad de manufactura", indicó en el comunicado el vicepresidente de GSK, PD Villarreal.
El empresario precisó que la compañía se esmeró en resolver los problemas antes del cierre de la planta en 2009, y consideró una buena señal el hecho de que no haber "recibido más cartas de aviso de la FDA en ninguna otra planta".
La multa de GSK se dividirá en 150 millones por los cargos criminales y 600 millones por los civiles, según indicó Ortiz en la conferencia.
