'Gobierno cometió error al adquirir empresa destinada al fracaso'

Como un error por parte del Gobierno es calificada la adquisición de la empresa que administra el metrobús, debido a que los usuarios no verán mejoría en el servicio a corto plazo.

En ese sentido, el abogado Víctor Martínez afirmó que hay un problema real que tiene la administración de la ATTT con respecto a Mi Bus, los operadores, la mala frecuencia y todas las irregularidades.

Martínez cree que con toda esta situación se les están violando los derechos a los usuarios. "No se les consulta para nada", dijo.

Sostuvo que es evidente que hay un problema y que, en este caso, todo es originado por la empresa Mi Bus.

Mientras, para Carlos Harris, exdirector de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el gobierno del presidente Juan Carlos Varela cometió un error al adquirir una empresa que ya estaba destinada al fracaso.

Explicó que por la manera en que se compró esta empresa, toma años solucionar el problema del transporte en Panamá.

Sin embargo, Esperanza Mena, de la Fundación para la Protección de Usuarios del Transporte, señala que todos los días están pasando páramos.

"Esto no va a tener mejora, la situación está bastante crítica, estamos gastando mucho tiempo y dinero en movilización", mencionó.

Recordemos que el Gobierno llegó a un acuerdo con Mi Bus por un monto de transacción acordado en $47.9 millones.

Luego de la salida de Mi Bus, la empresa First Transit, "con más de 60 años de experiencia", fue la elegida para la nueva administradora, aunque el 100% de las acciones serán del Estado.

Enfáticamente, añadió que esta empresa no suple la demanda de transporte en los distritos de San Miguelito y Panamá.

El presidente Varela, en medio de su desesperación, anunció un plan agresivo para tratar de solucionar el dilema del transporte.

Entre las medidas está la adquisición de entre 250 y 400 buses, y se incorporarán a la operación algunos vehículos activos en la ciudad que cumplan con condiciones técnicas apropiadas.

Además, contratar a 700 operadores y se reentrenará a los 2,983 actuales para certificarlos en la nueva licencia J, exclusiva para los operadores, así como la reparación a profundidad de la flota para mejorar sus condiciones de operación.

Según Harris, el Gobierno compró esta empresa sabiendo el problema que tenía, aseguró que había que hacer los estudios necesarios para saber si era beneficioso comprar estos buses, tanto en buen estado como lo que están en malas condiciones.

El abogado Víctor Martínez aseguró que legalizar un transporte que es ilegal como los busitos piratas no es la solución.

A juicio de Martínez, el transporte pirata es una mafia que al final lo que busca es que el Gobierno vuelva a indemnizarlos.

"No se atreven a resolver el tema de los piratas", puntualizó el abogado.