Agrupaciones oficialistas, funcionarios y alcaldes bonaerenses se manifestaron hoy frente al Parlamento argentino para defender la decisión del Gobierno de usar reservas monetarias para pagar deudas y denunciar el "ánimo destituyente" de la oposición.
Movimientos sociales, políticos y de "piqueteros", tal como se denomina en Argentina a quienes cortan calles para manifestar sus demandas, instalarán además este fin de semana "más de 500 mesas en todo el país para defender la gestión" de Cristina Fernández, dijo el ex diputado y líder del Frente Transversal Edgardo Depetri, uno de los organizadores.
El dirigente explicó que se trata de "una campaña de esclarecimiento al pueblo", en medio de la polémica desatada por la intención del Gobierno de usar 6.569 millones de dólares de las reservas del Banco Central para pagar este año deudas soberanas.
"Hay fuerzas que no quieren que Cristina termine el mandato, con ideas destituyentes", afirmó a tono el subsecretario argentino de Integración Económica Americana, Eduardo Sigal, uno de los participantes del encuentro.
Incluso, el ministro argentino del Interior, Florencio Randazzo, sostuvo hoy que si la oposición no tiene "intención destituyente, lo disimula muy bien".
En un acto en el sur del país, el líder de la mayor central sindical del país, Hugo Moyano, también defendió el uso de reservas para pagar deudas al considerar que es "una idea novedosa y revolucionaria" que permitirá "seguir recuperando poder adquisitivo y retomar el ritmo de crecimiento".
La movilización de las agrupaciones se encuentra en sintonía con las declaraciones hechas este jueves por la mandataria, quien acusó a la oposición de intentos de "destitución" y "venganza" luego de que una jueza federal suspendió el uso de reservas para el pago de la deuda, un nuevo obstáculo para el Ejecutivo que, el miércoles, perdió la mayoría en el Senado.
"Se pretende que no paguemos lo que otros han contraído como deuda y se obstruye permanentemente a través de medidas judiciales. Lo que yo creo que es un abuso de poder porque quien tiene la responsabilidad de administrar las finanzas del país no son los jueces sino la presidenta", afirmó Fernández.
La mandataria prometió además que el país hará "honor a las deudas que otros contrajeron y recurren a jueces que parecen alquilados".
Las afirmaciones de la presidenta causaron la "preocupación" de los jueces reunidos en la Federación Argentina de la Magistratura, que hoy consideró que la jefa de Estado tomó "una posición doctrinaria con respecto al valor de las instituciones y la distribución del poder en los sistemas democráticos y republicanos".
"Lo que pasó ayer en la mañana congela los corazones de cualquier argentino con memoria y con apego a la vulnerable, endeble, imperfecta, injusta e invalorable democracia que tanto dolor costó cuando no estuvo y tanto trabajo cuesta defender todavía hoy", indicó la entidad en una carta pública.
El nuevo conflicto político que vive Argentina estalló el pasado diciembre, cuando Fernández creó el llamado Fondo del Bicentenario, que incluía el uso de reservas para el pago de la deuda, una decisión rechazada por la oposición, que desató una batalla política y judicial que terminó con el cese del entonces presidente del Banco Central, Martín Redrado.
La presidenta nombró una nueva titular de la entidad monetaria, Mercedes Marcó del Pont, y derogó el decreto de creación del Fondo, aunque consiguió los 6.569 millones de dólares que precisaba para el pago de la deuda por un giro del Banco Central al ministerio de Economía.
Este jueves, la jueza Claudia Rodríguez Vidal suspendió un decreto presidencial que el pasado lunes habilitó el uso de una parte de esos fondos, 4.382 millones de dólares, de las reservas monetarias para la cancelación de compromisos con tenedores privados este año.
La decisión judicial, alcanzada a partir de una medida cautelar presentada por dos fuerzas de la oposición, fue apelada ayer mismo por el Gobierno, que ahora deberá exponer sus argumentos ante un tribunal de alzada.
