Human Rights Watch (HRW) elogió hoy a países latinoamericanos como Argentina, Chile, Costa Rica, México y Uruguay por sus esfuerzos para estar "a la cabeza" de la defensa de los derechos humanos en foros internacionales.
En su informe anual, que revisa la situación de los derechos humanos en el mundo en 2008, HRW señala que EE.UU. y la Unión Europea (UE) ya no son los únicos que promueven el respeto a estos derechos en el exterior y que varios Gobiernos en América Latina, Asia y África han asumido un papel cada vez más importante.
En América Latina destacan Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay, que "han apoyado sistemáticamente iniciativas para la defensa de los derechos humanos" en distintos foros, desde el Tribunal Penal Internacional hasta el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, indicó la organización.
México, por su parte, "ha jugado un papel importante" en ese órgano, al abogar activamente por que todos los países participen en el Examen Periódico Universal (EPU); al defender en la Asamblea General de la ONU la independencia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y al pedir en el Consejo de Seguridad, donde es miembro no permanente, que se dé más prioridad a esta materia.
Pese a los elogios que otorga HRW a esos países por su actuación en el exterior, la región sigue registrando violaciones de los derechos humanos.
El mayor problema es "la crisis mayúscula" en la seguridad pública, causada por el crecimiento exponencial del narcotráfico, las mafias y el crimen organizado, dijo a Efe el director para América Latina de HRW, José Miguel Vivanco, quien añadió que Colombia y Venezuela merecen una consideración aparte.
Vivanco señaló que Colombia, el "caso más grave" de la región desde, no ha sido objeto de un fuerte escrutinio sobre sus prácticas porque su presidente, Álvaro Uribe, "ha sido un aliado estratégico de Washington".
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, optó "hace mucho tiempo por hacer la vista gorda sobre el estado de los derechos humanos en Colombia", destacó este experto, quien espera que esta práctica cambie con el traspaso de poder en Washington.
En el caso de Venezuela, Vivanco resaltó que la concentración de poder en manos de Chávez ha reducido los espacios para la libertad de expresión, de asociación y para la sociedad civil, y ha provocado "la neutralización prácticamente total del poder Judicial".
Por su parte, el informe de HRW señala que también México, pese a los elogios por su papel internacional, tiene que hacer sus deberes en casa.
"Desafortunadamente, ha sido lento a la hora de responder a los severos y persistentes problemas de derechos humanos que registra en casa", sentencia la organización.
En concreto, reprocha a ese país que se haya opuesto a una cláusula que quería incluir EE.UU. en la Iniciativa Mérida para condicionar su financiación para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado a la mejora de los derechos humanos en el país.
HRW también acusa al Gobierno mexicano de haber ejercido "presiones" para conseguir el traslado del que era representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, "por sus comentarios críticos" sobre el trabajo del Ejecutivo en la materia.
La organización de derechos humanos se refiere además en su informe a Brasil, país que "ha apoyado en los últimos años activamente los mecanismos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA)".
No obstante, destaca, "ha mostrado en otras ocasiones simpatía por el punto de vista defendido por algunos países que obstruyen la defensa de los derechos humanos con el argumento de la soberanía", como cuando se negó a firmar el tratado internacional para eliminar las bombas de racimo, consideró la organización.
HRW menciona asimismo que Cuba, que "sigue siendo el único país en América Latina que reprime casi todas las formas de disidencia política", después del traspaso de poder.
Las pocas medidas de apertura registradas en La Habana "no han conducido a cambios políticos significativos" y la "maquinaria represiva "sigue intacta y sigue denegando sistemáticamente a su gente sus derechos básicos", concluye la ONG.
