La organización Human Rights Watch (HRW) alertó hoy de que Colombia se puede exponer a una investigación por la Corte Penal Internacional (CPI) si aprueba una reforma constitucional en la que se amplía el fuero militar, como parte de las modificaciones al sistema penal acusatorio.
Así lo expresó el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, en una extensa carta dirigida al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, así como a otras personalidades de la rama judicial y del Gobierno.
"Su aprobación revertiría gravemente los avances recientes logrados por Colombia para asegurar que se juzguen los abusos militares", alertó Vivanco.
Y agregó que al "prácticamente garantizar impunidad frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública" el país "podría exponerse a la posibilidad de ser investigado por la Corte Penal Internacional, incluso en relación con los casos conocidos como falsos positivos (asesinato de civiles a manos de militares)".
La misiva recuerda que el proyecto, apoyado por el Gobierno en el Congreso, no es acorde a la jurisprudencia de las cortes Constitucional, Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, que en reiteradas oportunidades "han resuelto que el sistema de justicia militar no debería conocer de las violaciones graves de derechos humanos".
Asimismo, quedó expuesto que la reforma también resulta contraria a los pronunciamientos y decisiones adoptadas por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH y CIDH, respectivamente).
Estos instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que pertenecen a la Organización de Estados Americanos (OEA) han señalado, según HRW, que "las violaciones a los derechos humanos no deben ser conocidas por el sistema de justicia militar" y que el alcance de esa jurisdicción "debería ser excepcional y restrictivo".
De momento, ninguno de los destinatarios de la misiva ha hecho comentarios.
La iniciativa ha recibido fuertes críticas de varios sectores, pero su estudio continúa en el Congreso, en donde varios parlamentarios han señalado que el Gobierno debería retirar el "proyecto de reforma a la Justicia".
El centro de las discusiones está en el hecho de que el proyecto da vía libre para que tribunales castrenses sean los que conozcan y juzguen las faltas de los militares en servicio, entre ellas las de los llamados "falsos positivos".
El escándalo de los llamados "falsos positivos" estremeció el país andino a raíz de las denuncias contra militares que asesinaron a civiles para luego presentarlos como guerrilleros muertos en combate, a cambio de lo cual recibían beneficios como permisos especiales.
El presidente Santos, en agosto pasado, presentó el proyecto de reforma al sistema judicial y semanas después incluyó un artículo sobre el fuero militar en el que indica que todos los actos cometidos durante operaciones (militares) "se presumen" están relacionados con actos del servicio.
