Human Rights Watch (HRW) pidió hoy a Egipto que detenga el proceso de deportación a Sudán de dos refugiados de Darfur por temor a que sean represaliados por las fuerzas de seguridad del país vecino.
La organización con sede en Nueva York aseguró en un comunicado que las autoridades egipcias se disponen a deportar a los activistas de Darfur Mohammad Adam Abdallah y Ishaq Fadl Ahmad Dafa Allah, pese a que la ONU les ha concedido el estatus de refugiados.
"Un refugiado es por definición alguien que tiene temores fundados de que es objeto de persecución, por lo que enviar a estas personas a un lugar donde sus vidas y libertad estarán en peligro es ilegal e inhumano", afirmó el director de HRW para Oriente Medio y el Norte de África, Joe Stork.
Según HRW, las autoridades de seguridad egipcias trasladaron el pasado 4 de abril a Abdallah a una comisaría de policía, e hicieron lo mismo tres días después con Dafa Allah, con la intención de trasladarlos a Sudán.
Ambos activistas habían sido detenidos en agosto de 2009 en la península del Sinaí por supuestamente tratar de cruzar la frontera con Israel, acusación que ambos rechazan, según explicó la organización de defensa de los derechos humanos.
Asimismo, resaltó que el Gobierno sudanés utiliza las estrictas leyes de seguridad del país para reprimir a los activistas de Darfur, a los que detiene sin cargos durante meses.
HRW recuerda que Egipto, como signatario de la Convención Internacional sobre el Estatus de los Refugiados, no puede deportar a refugiados reconocidos por Naciones Unidas a países donde puedan ser perseguidos.
El conflicto de Darfur comenzó en febrero de 2003, cuando dos grupos insurgentes se levantaron en armas contra el régimen de Jartum en protesta por la pobreza y la marginación que sufrían los habitantes de esta región.
Desde su inicio, cerca de 300.000 personas han muerto y otros dos millones y medio de habitantes se han visto obligados a abandonar sus hogares, según cálculos de la ONU.
El reclamo de HRW tiene lugar el mismo día en que parte de la oposición sudanesa acusó al partido gobernante de querer utilizar los comicios presidenciales, previstos para los días 11, 12 y 13 de abril, para proteger al mandatario Omar al Bachir de la Corte Penal Internacional (CPI).
Varios partidos de la oposición, entre ellos el Movimiento Popular de Liberación de Sudán (MPLS), que gobierna en la región autónoma del sur del país, y Al Umma, la principal fuerza opositora, han anunciado que boicotearán total o parcialmente los comicios, al considerar que no hay garantías para una votación transparente.
