Las gestiones que lleva a cabo la Organización de Estados Americanos (OEA) para resolver la crisis en Honduras deben incluir una exigencia de respeto a los derechos humanos al nuevo gobierno, dijo hoy Human Rights Watch (HRW).
En una carta enviada al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, la organización con sede en Washington mostró su preocupación por los supuestos "abusos graves" que el gobierno del nuevo presidente Roberto Micheletti ha cometido contra los manifestantes en favor del depuesto Manuel Zelaya.
Además, HRW cuestiona la aprobación por parte del Congreso Nacional de Honduras y a propuesta del Ejecutivo de un decreto de estado de excepción que "suspendió derechos fundamentales".
Las garantías afectadas por el decreto, promulgado ayer, son las que impiden la detención e incomunicación durante más de 24 horas y las que establecen la libertad de asociación, de reunión y de circular libremente, salir, entrar o permanecer en el territorio nacional.
"Debe condenarse de forma categórica cualquier intento de suspender derechos inderogables", dijo en la carta José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Vivanco insta a Insulza a recordar "claramente" a las nuevas autoridades "que los actos de tortura, el trato inhumano o degradante y las desapariciones forzadas están absolutamente prohibidos y pueden ser investigados como crímenes internacionales".
La carta cita también denuncias de ciudadanos que alertaron de las "detenciones arbitrarias de casi 100 manifestantes" y la "censura de medios de comunicación".
"Si no existe una amenaza clara al orden público y a la seguridad en Honduras, no puede ser razonable que las manifestaciones políticas pacíficas justifiquen la suspensión generalizada de derechos fundamentales", concluye la carta.
Honduras vive una grave crisis política por el derrocamiento de Manuel Zelaya por los militares, el domingo, cuando el Parlamento eligió en su lugar a Micheletti, al que la comunidad internacional ha dado la espalda.
En una resolución extraordinaria emitida la madrugada del miércoles, la Asamblea General de la OEA dio al nuevo gobierno un ultimátum de 72 horas para la reinstauración de Zelaya en el poder.
