El Gobierno de Nicaragua debe adoptar medidas para garantizar que los defensores de los derechos humanos pueden promover las libertades de las mujeres sin hostigamiento ni intimidación, reclamó hoy la organización Human Rights Watch.
La organización recuerda que desde que en 2006 iniciaron una campaña contra la ley que prohíbe el aborto en Nicaragua, los defensores de los derechos de las mujeres han sido objeto de diversas investigaciones oficiales acerca de su trabajo y algunos han denunciado intimidación.
En concreto, cita la apertura de investigaciones penales contra nueve defensores de los derechos femeninos para determinar si conspiraron para encubrir el delito de violación en el caso de "Rosita", una niña de nueve años que fue violada y se sometió a un aborto en 2003.
Según declaró José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, "si bien las autoridades deben indagar a fondo todos los casos de abuso infantil, es fundamental que las investigaciones penales no se utilicen indebidamente como represalia contra los esfuerzos legítimos de quienes promueven los derechos fundamentales".
La organización también denuncia investigaciones sobre la financiación de las organizaciones a las que pertenecen los defensores de los derechos femeninos involucrados en el caso "Rosita", el Centro de Investigaciones de la Comunicación y el Movimiento Autónomo de Mujeres.
En los últimos dos meses algunos defensores de esos derechos han denunciado actos de intimidación, como amenazas telefónicas y vandalismo por parte de agresores no identificados.
"Es fundamental que el Gobierno investigue en forma inmediata y exhaustiva los actos de intimidación y hostigamiento y que juzgue a los culpables", sostuvo Vivanco.
