La organización Human Rights Watch (HRW) pidió hoy que el Gobierno de Afganistán investigue la muerte sospechosa de un individuo que estaba bajo la custodia del servicio de inteligencia de ese país y que ocurrió el pasado día 7 de este mes.
El Directorio Nacional de Seguridad informó ese día a los familiares de Abdul Basir que este se había suicidado arrojándose por una ventana y al día siguiente les entregaron su cadáver.
Fotografías obtenidas por HRW muestran que el fallecido tenía pequeños círculos oscuros en su frente, cortes en la espalda y magulladuras en diversas partes del cuerpo, así como un corte grande en la espinilla, explicó la organización defensora de los derechos humanos en un comunicado de prensa.
Aseguró que cualquier intento por parte de los servicios afganos de inteligencia de bloquear la investigación de esa muerte solo servirá para alimentar las sospechas de que se cometieron abusos.
"El fiscal general y la Comisión Independiente Afgana de Derechos Humanos debe investigar con prontitud la causa de la muerte y el informe de la autopsia debe entregarse a la familia", manifestó el director para Asia de HRW, Brad Adams.
Basir llevaba alrededor de un mes detenido en relación con el ataque a una residencia utilizada por funcionarios de las Naciones Unidas, ocurrido el pasado 28 de octubre en Kabul, y que causó la muerte de ocho civiles.
El padre y dos hermanos de Basir fueron también detenidos y permanecen bajo la custodia de las autoridades afganas.
La organización estadounidense explicó que un funcionario de los servicios de inteligencia informó a los familiares de Basir que el padre de este, Zalmai, había firmado una declaración en la que confirmaba que su hijo se suicidó y que no se requería una autopsia.
Los familiares de Basir manifestaron a HRW que los funcionarios les dijeron que si procedían a enterrar el cadáver, quedarían en libertad el padre y los hermanos del fallecido.
Sin embargo, la familia de Basir llevó el cuerpo al servicio forense del Ministerio de Salud para que se realizara la autopsia, aunque los resultados no se han hecho públicos, según HRW.
Esa organización manifestó que, a pesar de numerosas alegaciones creíbles de tortura de presos bajo custodia del Directorio Nacional de Seguridad, el Gobierno afgano y los donantes internacionales han fallado en hacer que la reforma de las prácticas de interrogatorio y de detención sean una prioridad.
