La Cámara de Diputados de Chile investigará una denuncia sobre un supuesto fraude en el cobro de las compensaciones estatales para las personas que perdieron su trabajo durante la dictadura de Augusto Pinochet por motivos políticos, informaron hoy fuentes parlamentarias.
Raúl Celpa, un ex socialista y presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y Presos Políticos, aseguró que de los cerca de 145.000 trabajadores destituidos que reciben dinero y otras ayudas estatales, unos 100.000 podrían haber mentido con el fin de obtener prebendas económicas.
"La ley ha sido instrumentalizada a partir de 1998 para fines electorales", alegó Celpa en declaraciones a la prensa local, quien agregó que la modificación que se introdujo ese año "permite cautivar a un mercado ilimitado de personas a las cuales se les ofrece ser calificadas como exonerados políticos".
Claudio Alvarado, diputado de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), anunció que solicitarán a la Contraloría General de la República que investigue y se pronuncie sobre el proceso de calificación de una persona para considerarla exonerada política como consecuencia del régimen militar (1973-1990).
El vicepresidente del Partido Socialista (PS), Ricardo Solari, afirmó que "lo que pasó excede el universo imaginable de exonerados políticos" y dijo que comparte "los conceptos básicos" de la demanda de Celpa.
En tanto, el senador democristiano Hosain Sabag se mostró convencido de que en muchos casos se falsificaron documentos para beneficiarse de la Ley de Exonerados Políticos.
"A mí no me cabe duda de que ha habido un aprovechamiento de muchas personas que nunca han sido exonerados y, sin embargo, fabricaron documentos para aparecer como tales", dijo a radio Cooperativa.
La jefa del Programa de Reconocimiento al Exonerado Político, Marta Joignant, rechazó las denuncias de casos falsos y aseguró que no se ha entregado ninguna pensión sin la aprobación de la Contraloría General de la República.
"Resultaría imposible que existieran 100.000 casos de falsos exonerados políticos, puesto que sólo se han concedido beneficios de pensión a 67.496 personas, lo que equivale a un 46,5 por ciento de los calificados como exonerados", aseveró.
Los trabajadores indemnizados por haber sido despedidos por razones políticas durante la dictadura reciben una paga mensual de unos 146 dólares, mientras que la de los ex presos políticos se sitúa cerca de los 160 dólares.
