Bajo fuertes medidas de seguridad, las organizaciones de la Amazonía peruana reanudaron hoy con marchas pacíficas una campaña en defensa de sus derechos, la primera acción nacional tras los violentos sucesos que el 5 de junio pasado dejaron 34 muertos en la provincia selvática de Bagua.
Las organizaciones convocantes, entre ellas la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), rechazan el informe oficial sobre los sucesos de Bagua y piden el retorno de su dirigente Alberto Pizango, quien se asiló en Nicaragua al abrirse un proceso en su contra por ser el presunto responsable de esos hechos violentos.
Entre otros reclamos, también exigen el respeto al convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), para que se consulte a los pueblos indígenas sobre decisiones vinculadas al derecho ancestral que éstos tienen sobre la tierra.
En declaraciones a Efe, el "apu" (jefe indígena) Cervando Puerta dijo que en Jaén marcharon de forma pacífica unas 2.000 personas, principalmente campesinos, aunque el canal N los cifró en 400.
En la ciudad amazónica de Yurimaguas se movilizaron otros 2.000 manifestantes, también sin que se produjeran incidentes y en coordinación con la policía, dijo a Efe el "apu" Segundo Pizango.
Bagua, epicentro de los sucesos del 5 de junio, está resguardada por unos 4.000 agentes de la policía de operaciones especiales y los líderes indígenas esperan realizar allí un "plantón" por la noche, indicó Puerta.
En Lima, unos 500 indios recorrieron por la tarde el centro de Lima con carteles en los que se leían eslóganes "Viva la lucha amazónica" y "Salvemos nuestro planeta", y coreando lemas como "el pueblo rechaza el informe genocida", en alusión al informe final de la comisión investigadora del Gobierno sobre Bagua.
En Lima, el "apu" Saúl Puerta acusó al Gobierno de "provocación" y de ejercer "presión sicológica", al explicar en declaraciones a Efe que muchos indígenas no acudieron a las marchas por temor a la represión de los militares desplegados para evitar la toma de carreteras e instalaciones estratégicas.
La jornada de hoy es la primera que se realiza tras la muerte de 24 policías y 10 civiles (entre ellos algunos indígenas) en Bagua, y llevó al Ejecutivo a emitir ayer un decreto de urgencia para autorizar que los militares apoyaran a la Policía en el resguardo de la seguridad.
Esos sucesos pusieron en el tapete la gran fractura que existe en el país, que pone a un lado de la orilla el objetivo del Gobierno de fomentar las inversiones en la Amazonía, con grandes recursos petroleros y madereros, y al otro, la demanda de los indígenas a que se respeten sus derechos de propiedad sobre la tierra.
Tras la violencia del 5 de junio, el Congreso peruano derogó dos de las leyes rechazadas por las comunidades de la selva, y el Ejecutivo formó una comisión investigadora, siguiendo las recomendaciones del relator especial para los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, James Anaya.
Pero al emitirse el informe de esta comisión, a mediados de enero, tras cuatro meses de trabajo, las comunidades amazónicas se negaron a firmarlo por considerar que no señalaba a los verdaderos responsables.
Cervando Puerta indicó a Efe que, si bien los pueblos indígenas "todavía" están de luto y siguen insistiendo en el diálogo, no descartan tomar "otras medidas" como la radicalización de las protestas, si el Gobierno no atiende sus demandas, en una eventual reunión regional de las bases.
El Ejecutivo también afirma que opta por la solución pacífica y el ministro peruano del Ambiente, Antonio Brack, instó hoy a las comunidades indias amazónicas a "no politizar su movimiento".
"Que sea un movimiento indígena auténtico, y que busquemos juntos construir el futuro", invocó.
Pero el futuro podría ser incierto, ya que el ex vicepresidente de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, Marc Dourojeanni, alertó recientemente que la Amazonía peruana quedaría casi devastada en el año 2041 si el Gobierno implementara todos los proyectos de inversión en esa zona.
