La principal organización indígena amazónica de Perú anunció hoy que recurrirá ante los tribunales peruanos, y eventualmente ante los internacionales, todas las leyes y decretos sobre explotación de recursos naturales "que no cuenten con el consentimiento" de los pueblos afectados.
El líder de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, dijo hoy en rueda de prensa que los indígenas no van "a caer en la violencia por reclamar justos derechos" pero reclamó que los recursos del país "sean de beneficio estrictamente para los ciudadanos y no solo de las transnacionales".
Añadió además que la controvertida Ley de Consulta, que obliga al Gobierno peruano a informar a las comunidades afectadas por un proyecto de explotación de su suelo o sus aguas, incluye en interpretación de Aidesep la aceptación expresa de las comunidades afectadas, pese a que no aparece en el texto de la ley.
Pizango citó además el caso de la Ley Forestal que actualmente se discute en el Congreso de la República y que "se quiere aprobar a como dé lugar para beneficiar a unos cuantos empresarios extranjeros".
Junto a Pizango, el especialista de Aidesep en temas forestales, Roberto Espinoza, aseguró que esa ley pretende "aumentar los latifundios forestales en la Amazonía" mediante la concesión de explotaciones de hasta 40.000 hectáreas renovables durante 40 años.
Espinoza aseguró que "hay 7 millones de hectáreas dadas (para uso forestal) y se quieren dar 10 millones más (mientras que) los pueblos originarios buscan titulación desde hace años y se les niega".
Por otra parte, el Tribunal Constitucional emitió ayer una resolución en la que aclaraba que el "derecho de consulta previa" solo es exigible a partir de junio de 2010 y no desde 1995, lo cual permitiría "blindar" a las empresas privadas que comenzaron sus actividades entre ambas fechas sin realizar esas consultas, según denunció hoy el Insituto de Defensa Legal.
La explotación de los recursos naturales en los extensos territorios de la selva peruana fue en junio de 2009 el desencadenante de los incidentes más graves en Perú en los últimos años, cuando las protestas por la promulgación de varios decretos gubernamentales degeneraron en disturbios y enfrentamientos que terminaron con la vida de 34 personas, 24 de ellas policías.
