El 66,6 por ciento de los 45.000 indocumentados beneficiados por la Ley de Amnistía promulgada en 2009 por el entonces presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva pueden perder ese derecho por los "trámites excesivos e injustificados", denunció hoy una organización no gubernamental.
"Es sumamente preocupante que por los trámites burocráticos la mayoría de beneficiados por esta ley puedan perder sus derechos y es por eso que nos hemos pronunciado formalmente ante el Gobierno", dijo a Efe Grover Calderón, presidente de la Asociación Nacional de Extranjeros e Inmigrantes de Brasil (ANEIB).
La entidad, que lideró la movilización pública para la promulgación de la amnistía, envió una "Carta Abierta" al ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, en la que denuncia los "trámites excesivos e injustificados", apuntó Calderón, profesor peruano de derecho internacional.
"Es patente que de las casi 45.000 personas amnistiadas por el Gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, según nuestros cálculos, sólo 15.000 o menos deben quedar amnistiados y eso se opone al tema que inspiró la ley, que fue el reconocimiento de los derechos humanos de los extranjeros irregulares", señaló la carta.
Según el pedido, la Policía exige a los indocumentados un comprobante de trabajo lícito o de solvencia económica expedida con un mínimo de seis meses de antigüedad, tiempo que no está especificado en ningún artículo de la ley.
El documento, de igual manera, cuestiona el "maltrato" y "abusos" que reciben los inmigrantes por parte de algunos miembros de la Policía Federal, organismo encargado de tramitar la regularización de los extranjeros en el país.
La demora de hasta dos meses para la atención de los casos, que se pide a través de Internet, y la preferencia para intermediarios que cobran particularmente por el papeleo "dificultan y segregan a los extranjeros pobres, que son la mayoría", aseveró Calderón.
La organización citó que el procedimiento aplicado por las autoridades viola también la Constitución brasileña, que estipula un plazo de nueve años para los extranjeros que ganan el derecho de residencia permanente, pero la Policía expide las visas apenas por dos años y el inmigrante tiene que pagar de nuevo las tasas.
La demora en la entrega de las cédulas de identidad, tanto para los amnistiados como para el resto de extranjeros, fue otro de los puntos que motivaron la misiva.
