INFORMACION**La procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, ha denunciado que centenares de los caciques que tenemos a cargo de los infinitos despachos del denso follaje que conforma la burocracia estatal, se niegan a suministrar información pública requerida por los ciudadanos al tenor de la Ley de Transparencia. La situación alcanza extremos que oscilan entre lo trágico y lo risible.
PUEBLO**Lo trágico es que esos funcionarios, entre altos y medianos, que niegan el debido acceso a datos y documentos de interés público, son pagados con los impuestos que aportan los mismos interesados a quienes no le quieren dar la información. Y en estricta técnica, ese ciudadano burlado, es su jefe, porque forma parte del conglomerado social al que la Constitución reconoce la condición de fuente del poder público.
SANCIONES**Visiblemente molesta, Montenegro de Fletcher se pregunta: "Si a la procuradora se lo niegan, ¿qué no harán con simples particulares?". Pero va a poner orden. Ya ha advertido que está levantando expedientes a más de 150 funcionarios abusadores, que pueden enfrentar sanciones que oscilan entre multas, cárcel y destitución. En la proximidad de un cambio de gobierno, seguro que de otro signo, sólo un tonto seguiría con el jueguito.