Las autoridades judiciales de Colombia abrieron hoy en Bogotá la primera audiencia pública de reparación integral colectiva para 1.406 víctimas de dos antiguos jefes paramilitares que las expulsaron de un caserío del norte del país.
La vista, que tomará al menos dos semanas, se realiza en el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá y es transmitida por vídeo a auditorios a los que asisten víctimas, en la ciudad caribeña de Cartagena y las aldeas norteñas de Mampuján y San Cayetano.
Los hechos centrales de esta audiencia se registraron del 10 al 11 de marzo de 2000 en Mampuján, caserío de la localidad de Marialabaja, en el que los paramilitares mataron a once vecinos, desplazaron a otros 663 y realizaron 450 hurtos.
Los crímenes fueron cometidos por el ahora disuelto Frente Canal del Dique, liderado por Uber Banquez Martínez ("Juancho Dique"), quien dependía de Edwar Cobos Téllez, ("Diego Vecino"), jefe del también desaparecido Bloque Héroes Montes de María. Ambos dejaron las armas en julio de 2005.
Los dos comparecen en esta audiencia pública, prevista dentro de la parte judicial del proceso de diálogo del Gobierno del presidente Álvaro Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que se disolvió a mediados de 2006 con el desarme de más de 31.000 paramilitares.
El vicefiscal general, Fernando Pareja, destacó a la prensa que esta vista es la primera con fines de reparación colectiva de víctimas de los ultraderechistas que se celebra en Colombia.
El Tribunal de Justicia y Paz podrá proferir en unos 45 días la sentencia en primera instancia de este caso, previó Pareja, cuya dependencia concurre a esta diligencia con "las pruebas del daño colectivo e individual" causado por el grupo paramilitar responsable de los hechos.
El fallo será "histórico para Colombia y para la humanidad", apuntó el vicefiscal general.
La titular de la Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz, Uldi Teresa Jiménez, dirige esta vista, que comenzó con la acreditación de las víctimas, cuyo número fue documentado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y muchas de ellas están representadas por nueve abogados de la Defensoría del Pueblo.
En la audiencia, la parte acusatoria estará en manos de la fiscal 11 de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, Yolanda Gómez.
Dicha unidad fue creada para efectos judiciales por una ley proferida en 2005 como normativa para la reinserción de los paramilitares y, entre otros asuntos, establece penas de cinco a ocho años para responsables de crímenes atroces.
Además de sus abogados, las víctimas cuentan en esta audiencia con la representación del Ministerio Público, que tiene una procuraduría especial para las cuestiones de la Ley de Justicia y Paz, a cargo de Hernando Aníbal García.
El procurador García dijo que su dependencia defenderá en esta diligencia la reparación individual y, también, colectiva, de los afectados por los crímenes que se atribuyen a "Diego Vecino" y a "Juancho Dique".
"En ninguna parte del mundo se ha experimentado este tipo de reparación", sostuvo García.
