El comandante general de la Policía boliviana, el coronel Óscar Nina, junto a los ex jefes departamentales de los departamentos de Oruro (oeste) y Potosí (suroeste) declararon hoy ante la fiscalía de La Paz sobre el caso del linchamiento de cuatro agentes el pasado mes de mayo.
Los "ayllus guerreros" o clanes indígenas del norte de Potosí torturaron y lincharon a los policías tras acusarlos de cometer delitos en esa zona, donde se presume que hay actividades del narcotráfico y contrabando de vehículos desde Chile.
Entonces, los indígenas impidieron a los investigadores y a fiscales de Potosí entrar al pueblo de Uncía, a 341 kilómetros al sur de La Paz, donde se cometieron los crímenes, para iniciar las investigaciones y dar con los asesinos.
Justificaron su acción en el marco de la aplicación de la "justicia comunitaria", reconocida por la Constitución que promulgó Morales el año pasado, aunque el Gobierno ha insistido en que el linchamiento no es parte de ese sistema.
El coronel Nina dijo a los periodistas que su comparecencia se debió a su convicción de ser un "hombre de ley" y aseguró haber aportado "toda la información" de la que dispone sobre el caso.
Además, el jefe policial recordó que hay en su contra una "acusación concreta" en su contra por "algunos delitos que podría haber cometido", por lo que dijo que tras su declaración esperará a la justicia para ver "si eso es evidente".
Dos diputados opositores presentaron el mes pasado una querella contra el propio Nina, el ministro de Gobierno (Interior), Sacha Llorenti, y dos jefes policiales por los supuestos delitos de "incumplimiento de deberes" y "denegación de auxilio", demanda que la Fiscalía aceptó para iniciar el proceso penal correspondiente.
A ésta se unió la de los familiares de las cuatro víctimas, que el pasado 20 de julio interpusieron una demanda a las mismas autoridades por "incumplimiento de deberes, encubrimiento y homicidio culposo".
