El Consejo Superior de la Judicatura de Colombia garantizó hoy la seguridad de una jueza de Bogotá amenazada de muerte durante el juicio que dirige contra un oficial retirado del Ejército procesado por desaparición forzada tras la toma guerrillera del Palacio de Justicia en 1985.
En un comunicado, este órgano de control y administración del Poder Judicial dice que será el "garante" de la seguridad de la jueza María Stella Jara y su familia, y que colaborará en esa tarea con la Policía Nacional.
El anuncio coincidió hoy con la apertura de la última etapa del juicio al coronel Alfonso Plazas, que comparece ante el Juzgado Tercero Especializado de Bogotá, del que es titular Jara, por los hechos ocurridos tras la toma guerrillera del Palacio de Justicia por la guerrilla del M-19.
El reo, recluido en el Hospital Militar Central de la capital colombiana, está acusado de los delitos de secuestro y desaparición forzada, y puede ser condenado hasta a 40 años de prisión.
Los cargos tienen que ver con la desaparición de 11 empleados en la sede judicial, que fue ocupada el 6 de noviembre de 1985 por la desaparecida guerrilla Movimiento 19 de Abril.
Casi 100 personas, entre ellas una decena de magistrados y unos 40 rebeldes, murieron tras la toma insurgente y la violenta reacción de las fuerzas de seguridad un día después, hechos que provocaron un gran incendio y la práctica destrucción del edificio.
Los desaparecidos eran empleados de la cafetería, que, según las investigaciones, fueron rescatados con vida por comandos militares y trasladados a una escuela castrense al mando de Plazas, quien dirigió la operación.
La jueza que sigue el juicio al oficial retirado ha recibido durante el proceso amenazas de muerte.
La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, María Mercedes López, recibió "en audiencia privada" a la funcionaria amenazada, quien "puso en conocimiento tan delicada situación", agrega el comunicado difundido hoy.
