Panamá
En este proceso penal se presentaron dos advertencias de inconstitucionalidad, las cuales el Juzgado Primero Liquidador decretó que no proceden.
Todo listo para la audiencia ordinaria en caso de buses Diablos Rojos. Foto: Archivos
Este lunes, 3 de junio de 2024, el Jugado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá iniciará la audiencia ordinaria dentro del proceso penal en el denominado caso de compensación de buses “Diablos Rojos”.
En total son 184 imputados, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado, en perjuicio de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
Para este acto de audiencia, que se tiene programado extender hasta el 30 de agosto de 2024, el tribunal tiene previsto desahogar sendas pruebas aducidas por las partes.
El juzgado cuenta con el apoyo del Instituto de la Defensa Pública, quienes actuarán tanto como defensores principales y como defensores alternos, en el caso de que los abogados de la defensa particular de los procesados no puedan asistir al mencionado acto, ello con la finalidad de garantizar el derecho a la defensa de todos los imputados.
En este proceso penal se presentaron dos advertencias de inconstitucionalidad, las cuales el Juzgado Primero Liquidador decretó que no proceden
Sostinen que el tribunal, en atención al control previo de admisibilidad a fin de determinar si la misma cumple con los requerimientos legales y jurisprudenciales establecidos, se resolvió la no remisión de la advertencia de inconstitucionalidad.
Este caso consta de 710 tomos, y adicionalmente 12 imputados se encuentran en rebeldía.
El expediente guarda relación con el “Proceso de Rescate Administrativo del Sistema de Transporte Público Colectivo de Pasajeros para la Implementación del Nuevo Sistema de Movilización Masiva en los Distritos de Panamá y San Miguelito”.
Esta investigación conocida como compensación de "diablos rojos", inició con las denuncias interpuestas por varias personas en torno a posibles irregularidades que se estaban dando en las cancelaciones y reasignaciones de los certificados de operación, que traía consigo un perjuicio económico a la Administración Pública, dentro del proceso que inició como parte de la modernización del sistema de transporte, las cuales fueron acumuladas.
En este caso, se había otorgado una prórroga de 2 años para la investigación, ya que el expediente contaba con más de 600 tomos, consistente entre otras probanzas, de más de 600 expedientes administrativos contentivos de certificados de operación, objeto de análisis.
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