Antes de que el expresidente Juan Carlos Varela abandonara el poder, dejó bien "trazado" un modelo de colaboración, que además de protegerlo a él, abarcaba a la procuradora general de la nación, Kenia Isolda Porcell y otros sectores afines.

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Esto dio como resultado un mecanismo que al accionarse produce supuestas opiniones independientes, que eventualmente llegan a publicaciones impresas, las cuales son diligentemente asumidas por la Procuraduría como "noticia criminis", dando lugar a la apertura de casos.

Así lo explica el exdirector de la Caja de Seguro Social Guillermo Sáez-Llorens quien asegura que pareciera que "Hay una mancuerna, una relación muy estrecha entre el diario La Prensa y la Procuraduría, que solo investiga lo que sale en ese periódico. Y eso es producto de la relación que tenía el expresidente Varela con ese diario y el grupo Movin (Movimiento Independiente)".

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Acción inmediata

Este tipo de accionar del Ministerio Público (MP) ha sido una constante en la gestión de la procuradora Porcell, por lo que se ha ganado señalamientos de "justicia selectiva".'

El exmagistrado Oydén Ortega emitió ayer un comunicado mediante el cual rechaza las acusaciones vertidas en La Prensa (ver ilustración), y denuncia una "campaña de descrédito" en su contra. "Urge procurar el necesario equilibrio entre la honra de las personas y la libertad de información", señaló.

El investigador clínico Xavier Sáez-Llorens escribió en Twitter: "Puedo equivocarme como cualquiera, pero le creo más a Oydén Ortega que a Lescure... Además, he visto muy de cerca cómo los medios dañan la reputación de una persona alegremente y después ni siquiera se disculpan".

En esa misma red social, el abogado Renato Pereira señaló: #OydénOrtega apuesto por su honestidad. Hombre de Estado y profesional respetado por todos los que le conocemos".

Esto ha quedado evidenciado una vez más, cuando luego de recientes publicaciones del citado medio, de manera casi inmediata el MP anunció una investigación al respecto.

De acuerdo a una serie de publicaciones de este periódico, el abogado panameño Janio Lescure confesó que compró a jueces y otros funcionarios del sistema de justicia panameño para que fallaran a favor de él o de conocidos.

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Manifestó que los jueces y magistrados cobran decenas, miles o incluso millones de dólares por fallo.

Describió al engranaje de la justicia local como "una mafia", y vinculó al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Oydén Ortega en aquel "negocio".

Así reaccionó el MP en Twitter: "La Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada inició una investigación por las publicaciones de un diario de circulación nacional [La Prensa] que describen hechos sobre la presunta compra y venta de fallos".

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Ahora bien, es válido que el aparato investigativo que dirige Porcell ordene acciones por algún presunto delito reportado a manera de noticia.

Lo que no se puede entender es por qué Porcell y sus fiscales no actúan con la misma celeridad ante publicaciones de otros medios, incluyendo los diarios de Epasa, que han hecho diversas denuncias con el rigor de la noticia veraz, aportando incluso documentación reveladora.

Por ejemplo, la "procuraduría paralela", mediante la cual se armaron expedientes de opositores a Varela; denuncias de blanqueo de capitales al exsecretario personal de Varela, Raúl Sandoval; petición del exabogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla Durán para que se tomen sus declaraciones contra Varela y Porcell, y más recientemente, irregularidades en el pasado Gobierno en entidades como el IMA o el Miviot.

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"Hay evidente selectividad. Sin embargo, frente a denuncias y publicaciones que mencionan a allegados del gobierno de Varela no pasa nada", valoró el abogado Arturo Vallarino.

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