Ejecutivo está obligado a denunciar supuestas irregularidades de Juan Carlos Varela

Como "positivo" calificaron los abogados Ernesto Cedeño y Raúl González que se haga pública la presunta comisión de irregularidades en la administración del expresidente Juan Carlos Varela.

Sin embargo, consideran que esos anuncios deben ir acompañados de sus respectivas denuncias ante el Ministerio Público, para que se realicen las respectivas investigaciones y que estas lleguen hasta las últimas consecuencias.

En caso de que no se presenten las denuncias en las instancias pertinentes, creen que se le resta credibilidad a la administración del presidente Laurentino Cortizo, debido a que se está informando sobre supuestas acciones en detrimento del Estado, sin tomar las medidas para que se dé con los culpables.

La reacción de los juristas surge, luego de que el pasado lunes, en el informe del Consejo de Gabinete, el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, denunció que en el gobierno de Juan Carlos Varela se encontraron cuentas que ni siquiera estaban sustentadas en contratos.

VEA TAMBIÉN: 'No vengo a servir a ningún poder político', afirma el procurador ratificado, Eduardo Ulloa

"Lo aceptable y lo éticamente viable es que se presenten las denuncias a la administración de justicia, para que se hagan las investigaciones iniciales en el Ministerio Público, porque sino queda como conversación informal y estuviera enlodando una administración sin prueba alguna", dijo el abogado Ernesto Cedeño.

Aseguró que los funcionarios tienen la obligación de denunciar los hechos que conozcan durante sus funciones, como lo establece el número 1 del artículo 83 del Código Procesal Penal.'

En el mes de septiembre, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Inés Samudio, interpuso tres denuncias en el Ministerio Público, por supuestas irregularidades durante la administración de Juan Carlos Varela. Las denuncias guardan relación con contratos en el programa Sanidad Básica, Techos de Esperanza y la supuesta compra excesiva de equipos de seguridad y materiales de construcción.

El artículo 83 del Código Procesal Penal establece que los funcionarios que tengan conocimiento de un delito, están obligados a interponer las denuncias ante las instancias pertinentes.

El vicepresidente José Gabriel Carrizo dijo que se avanza con un equipo para sanear las finanzas públicas.

Por su parte, el catedrático en Derecho, Raúl González, precisó que quien tiene conocimiento de la comisión de algún delito y no lo denuncia, se convierte en cómplice.

No obstante, explicó que, lamentablemente, los gobiernos en Panamá se dedican, normalmente, a hablar en el primer año de mandato de la supuesta mala gestión de la administración anterior; en algunos casos hablan de irregularidades, pero no presentan las pruebas o denuncias correspondientes.

VEA TAMBIEN: Desigualdad, el talón de Aquiles de nuestro desarrollo humano

Explicó que cuando presentan las denuncias se caen los casos por la falta de las pruebas correspondientes, no aportan todas las pruebas o documentos que puedan tener.

"Entonces eso es lo que da la imagen de que hay acuerdos entre los que salieron y los que entran y, finalmente, quedan impunes los casos, de tal manera que en Panamá la administración de justicia es selectiva", declaró González.

Irregularidades

En el informe del Consejo de Gabinete del pasado lunes, el vicepresidente José Gabriel Carrizo denunció que la gestión pasada incurrió en una sobreestimación de los ingresos corrientes por más de 1,100 millones de dólares.

Pero esta no es la primera vez que Carrizo hace pública una denuncia. Anteriormente había denunciado gastos inconcebibles en la administración de Varela, en la que se pagaban habitaciones de 5 mil dólares y vehículos de lujo.

VEA TAMBIÉN: Una fiscalía sin prueba ni testigos sucumbe en caso de comida deshidratada

Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!