El procurador de la Administración, Rigoberto González ordenó iniciar una investigación en contra de la procuradora general de la nación, Kenia Isolda Porcell por la contratación en el Ministerio Público del metabuscador.

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Este equipo tecnológico, tiene la capacidad de darle seguimiento a correos electrónicos, redes sociales, sociedades, cuentas bancarias y todo tipo de información que se le ingrese a su base de datos.

Esta investigación surge luego de una denuncia presentada por los abogados Jamis Acosta y Luis Eduardo Camacho González en la cual junto a Porcell también se incluyó a los exjefes del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López, Jacinto "Chinto" Gómez y el comisionado Daniel Arroyo.

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Sin embargo, en el caso de López, Gómez y Arroyo, el procurador se inhibió de conocer de los mismos por falta de competencia, por lo que se declinó al Ministerio Público todo lo concerniente a estas tres personas.'

610

mil (incluyendo $39 mil de impuestos) fue el monto del contrato por el metabuscador.

19

de agosto, a través de un cuestionario, este medio solicitó información del metabuscador.

Cabe resaltar que la denuncia interpuesta contra Porcell es por los supuestos delitos contra la seguridad informática y la administración pública, este en la modalidad de abuso de autoridad y extralimitación de funciones.

Entre los posibles hechos delictivos argumentados por los denunciantes están que Porcell antes de ser procuradora desempeñó labores en el Consejo de Seguridad y que entre las funciones ejercidas en esta institución se encontraba la tramitación de investigaciones a figuras del gobierno de Ricardo Martinelli, las cuales fueron llevadas a cabo con la asistencia del abogado Rogelio Saltarín, hoy fallecido.

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En la resolución que ordena la investigación contra la procuradora, se indica que los denunciantes sustentan su acusación en base a una publicación del diario Panamá América del 16 de agosto de 2019.

Este equipo tecnológico fue adquirido a través del contrato de servicios tecnológicos SDAS- DL-322-2017 firmado entre la procuradora Porcell y la empresa Inntec System el 14 de junio de 2017, por la suma de $610 mil (incluyendo $39 mil de impuestos) para el suministro de programas (software) y equipos (hadware).

En la documentación en la cual se ordena esta investigación, se indica que este equipo estaría ubicado en un área conocida como "El Bunker", ubicada detrás del despacho superior de la Procuraduría General de la Nación, en donde se encuentra personal del Consejo de Seguridad, el cual estaría bajo las órdenes del comisionado Arroyo.

Según detalla el contrato, la empresa movilizó personal especializado como expertos en gestión documental responsables de analizar información, desarrollo y despliegue de sistemas, diseño e implementación de metadatos, entre otras funciones.

Hay que resaltar que también incluyó expertos programadores que se encargaron del desarrollo de interfases entre información estructurada e introducción de datos. Al igual contrató especialistas en el montaje de los sistemas necesarios para el análisis y consumo de la información estructurada "BBDD, correos electrónicos, etc.".

Sin explicaciones

Cabe indicar que este medio mediante un cuestionario enviado el 19 de agosto de 2019 solicitó información a la oficina de relaciones públicas del MP por el metabuscador, sin embargo hasta la fecha no ha recibido respuestas.

En las preguntas se le solicitó información al MP sobre la finalidad con la que se contrataron los servicios del metabuscador, por qué, dónde, para qué y en base a qué disposición legal surgió la idea de contratar este equipo tecnológico.

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