Panamá
Ministerio de Salud confirma destitución de los médicos Leonardo Labrador y Ana Lorena Chang
La entidad de salud indicó que de conformidad con las investigaciones, el caudal probatorio y el reglamento interno del Minsa, mediante las resoluciones 769 y 770, ambas de fecha 4 de octubre de 2021, se destituyó a los médicos Chang y Labrador.
- Luis Ávila
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- - Publicado: 12/1/2022 - 12:00 am
Leonardo Labrador, exjefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, es propietario del laboratorio Sermedic señalado en este caso. Archivo.
El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó la destitución de los médicos Leonardo Labrador y Ana Lorena Chang, involucrados en el caso del cobro de los hisopados para poder ingresar a las islas de Taboga y Contadora, hecho registrado en agosto de 2021.
La entidad de salud indicó que de conformidad con las investigaciones, el caudal probatorio y el reglamento interno del Minsa, mediante las resoluciones 769 y 770, ambas de fecha 4 de octubre de 2021, se destituyó a los médicos Chang y Labrador.
El Minsa agregó que la decisión fue reconsiderada por los doctores, en virtud a las normas del procedimiento administrativo, sin embargo, su destitución fue confirmada por esta entidad de salud.
"El Ministerio de Salud tal como lo establece el procedimiento, adoptó la decisión, luego de sus investigaciones disciplinarias, que concluyeron determinando la comisión de una falta administrativa de máxima gravedad, por parte de los investigados", explicó el Minsa a este medio.
La decisión de la institución de destituirlos se dio siguiendo recomendaciones de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), la cual llegó a esta conclusión, luego de culminar las investigaciones administrativas dentro de este proceso, por un supuesto conflicto de intereses, ya que Labrador y Chang, además de ser los directivos y propietarios del laboratorio Sermedic, mantienen una relación sentimental.
La institución que vela por la transparencia de las instituciones y de los funcionarios indicó que dentro de este proceso, solo entre el 19 y el 23 agosto de 2021, los mismos realizaron 11 diligencias relacionadas a este caso.
La Antai agregó que esta investigación comenzó por un caso de conflicto de interés, el cual está claramente detallado en el artículo 39 del Código de Ética de los Servidores Públicos.'
25
dólares era lo que se cobraba por los hisopados a las personas para poder ingresar a Taboga.
11
diligencias indicó la Antai que realizó por este caso del cobro de las pruebas de hisopado.
Este artículo señala puntualmente que: "A fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, el servidor público no puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo".
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Agrega que: "Tampoco puede dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas que gestionen o exploten concesiones o privilegios o que sean proveedores del Estado, ni mantener vínculos que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por el órgano o entidad en la que se encuentre desarrollando sus funciones".
Hay que recordar que Labrador y Chang, además de ser los propietarios del laboratorio Sermedic, en este Gobierno ocupaban los cargos de jefe de Epidemiología y de Salud Pública, respectivamente, en el Minsa, entidad encargada de regular todo lo relacionado a la situación sanitaria que enfrenta Panamá el virus respiratorio de la covid-19.
Por su parte, en la Fiscalía Anticorrupción, la investigación penal por este caso de los hisopados muestran poco avance.
La semana pasada, la fiscal Anticorrupción, Itzel Koo, manifestó que las investigaciones por este caso siguen adelante y que hasta la fecha los doctores Leonardo Labrador y Ana Lorena Chang, todavía cuentan con la calidad de indiciados, por los supuestos delitos contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de servidores públicos y contra la seguridad colectiva, en la modalidad de delitos contra la salud pública.
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