Panamá
El registro será una herramienta manejada por la Dirección de Investigación Judicial, que expedirá un certificado necesario para los que aspiren a trabajar en ocupaciones en que se trate con menores.
La propuesta legislativa fue aprobada en forma unánime, pero solo con la presencia de 37 de los 71 diputados. Imagen de internet
Los sujetos condenados por abuso sexual a menores de edad, se mantendrán en el sistema nacional de registro oficial de ofensores sexuales por un término equivalente al doble de la pena impuesta a partir del cumplimiento de dicha pena y no durante toda su vida, como había sido concebido al inicio.
Ayer, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron en segundo debate el proyecto de ley (con esta y otras modificaciones) presentado por Zulay Rodríguez a inicios del actual periodo constitucional, y que forma parte de propuestas que fueron rescatadas del olvido, luego que se destapara el escándalo por los supuestos abusos sexuales contra menores recluidos en albergues del Estado.
Entre otras modificaciones realizadas a este proyecto que crea el registro de ofensores, se contempla que los artículos 3 y 6 entren a regir a partir de la promulgación de la norma, mientras que el resto cobrará vigencia luego de dos meses.
El artículo 3 se refiere a la responsabilidad que tendrá la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de manejar este registro oficial de ofensores sexuales, mientras que el 6 instruye al Sistema Penitenciario a remitir a la DIJ la sentencia actualizada, así como las resoluciones que emita el juez de cumplimiento durante la ejecución de la misma de las personas mayores de edad condenadas por delitos sexuales.
La información sobre ofensores sexuales no será pública como se estila en otras naciones.
A esta solo podrán acceder las autoridades judiciales facultadas legalmente para ello, los agentes del Ministerio Público y la Dirección de Investigación Judicial.
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Los condenados por delitos de violación, estupro, incesto, hostigamiento o acoso por motivaciones sexuales, tráfico de menores con fines de explotación sexual, envío, transportación, venta, distribución, exhibición, posesión o publicación de material obsceno, espectáculos obscenos o exposiciones deshonestas, cuando el acto tuviere lugar en presencia de un menor de edad, proposiciones obscenas a menores, actos lascivos o impúdicos, proxenetismo, rufianismo o comercio de personas, perversión, corrupción, explotación sexual de menores, producción, posesión y distribución de pornografía infantil, utilización de un menor para pornografía infantil.
El condenado deberá permitir a Medicina Legal realizar las diligencias para recabar y conservar su perfil genético.
Sin embargo, será un requisito para las instituciones públicas, centros de enseñanza oficial o particular, persona natural o jurídica legalmente constituida, cuya actividad comercial o laboral requiera o facilite el contacto habitual u ocasional con menores de edad, solicitar a las personas que vayan a contratar un certificado de no ofensor sexual, que deberá ser emitido por la DIJ.
Esto también incluye a la Autoridad del Tránsito, antes de conceder los cupos para buses colegiales y a sus conductores.
Diputados que intervinieron en el debate del proyecto, coincidieron en el alarmante aumento de delitos sexuales contra menores que se ha registrado en el país.
La pandemia ha propiciado el incremento, ya que las víctimas han tenido que convivir con sus agresores.
"Tenemos que crear una política criminológica que vea la prevención, lo que se hace desde las escuelas y universidades", comentó el diputado Juan Diego Vásquez.
La proponente del proyecto, Zulay Rodríguez, expresó que su iniciativa se encontró con mil obstáculos para ser aprobada en el pasado gobierno, cuando la exprocuradora Kenia Porcell mostró su desacuerdo, porque, según la diputada, se mostró partidaria de respetar la identidad de los agresores sexuales.
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