La información la envió el Ministerio Público, entidad cuya encargada, la procuradora Kenia Porcell, es la investigada por el procurador de la Administración, Rogoberto González.
El procurador de la administración, Rigoberto González, envió documentos a España para conocer declaraciones de Tacla Durán. Foto: Víctor Arosemena.
El procurador de la administración, Rigoberto González, confirmó que la solicitud para que se permita que su despacho tenga acceso a declaraciones del exabogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla Durán, ya se encuentra en España.
El interés de esta diligencia judicial es corroborar si dentro de unas declaraciones que dio Tacla Durán existen elementos que puedan comprometer a la procuradora general de la nación, Kenia Porcell.
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Todo esto se da, luego del revuelo causado por un video que difundió en redes sociales la diputada Zulay Rodríguez, quien se entrevistó en España con el exabogado de Odebrecht.
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Allí, Rodrigo Tacla Durán aseguró tener "elementos" referentes al caso Odebrecht que en su momento no fueron tomados en cuenta en las investigaciones del Ministerio Público.
La diputada Zulay Rodríguez agregó que "Tacla Durán quiere declarar toda la verdad", lo que incluiría revelación de supuestas pruebas que podrían vincular al expresidente Juan Carlos Varela y a la propia procuradora Kenia Porcell.
No obstante, el procurador de la administración (facultado por ley para investigar a la procuradora Porcell) se ha mostrado inflexible en su posición de que no es necesario ir a España.
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Y ha reiterado que por diligencias judiciales que se hicieron en el pasado, ya están en la Procuraduría General de la Nación (PGN) declaraciones que dio Tacla Durán, pero que la única forma de acceder a ese material es con autorización expresa de España.
"Nosotros ya cumplimos con la sustentación de la solicitud que enviamos a la PGN; y la Procuraduría, de acuerdo a la información que tenemos, a través del mecanismo que hay para eso, mandó [la solicitud] el 11 de septiembre", confirmó ayer González.
Es decir, que ahora todo está en manos de España, que deberá responder si permite acceso a las declaraciones, para que luego González pueda confirmar si estas comprometen a la procuradora Porcell, en la investigación que fue reabierta en su contra.
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