Presidencia en el Gobierno de Juan Carlos Varela pagaba organización criminal que manipuló la justicia

La organización criminal que distorsionó la justicia durante el gobierno de Juan Carlos Varela y que aún sigue activa a lo interno del Ministerio Público (MP), no solo quedó expuesta por las declaraciones de Abraham Williams, o el testigo protegido "Euro 14", ante la jueza Agueda Rentería Sánchez, sino que hay documentación oficial que también lo prueba.

Trámites de la Presidencia de la República y facturas presentadas por el abogado Rogelio Saltarín (q.e.p.d.) confirman cómo se crearon desde la clandestinidad testigos protegidos para levantar expedientes contra el expresidente Ricardo Martinelli, su familia y miembros de su Gobierno, todo bajo la supervisión de la exprocuradora Kenia Porcell y los exdirectivos del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López y su asistente, Jacinto Gómez.

La estructura expuesta, también incluye a los fiscales Zuleyka Moore, Nathaniel Murgas, Adecio Mojica, Vielka Broce, Tania Sterling, Ruth Morcillo, Aurelio Vázquez y al exdirector del Sistema de Protección Institucional (SPI), Eric Estrada, entre otros.

Documentación oficial entregada por Saltarín al exministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, la cual cuenta con 55 páginas, revela cómo se instruyeron sumarias para crear testigos protegidos y acusar a miembros del gobierno de Martinelli.

Específicamente se dejó de manifiesto la coordinación de presentación de testigos protegidos para el caso del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y el de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Igualmente se dejó establecido el seguimiento a sumarias de averiguación por denuncias anónimas presentadas contra exfuncionarios y que se encontraban en la Fiscalía Anticorrupción.

También en dicha documentación se evidenció los pagos que se le hicieron al abogado Saltarín con fondos públicos autorizados por Varela y Aléman, por su labor en la llamada "procuraduría paralela", entre los años 2014 y 2016.

Primero se registró un pago hecho el 18 de diciembre del año 2014 por la suma de 128 mil 400 dólares y un segundo por 256 mil 800 dólares, ambos desembolsos a través de la Presidencia de la República, según consta en la documentación.

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Al jurista Saltarín se le pagó 385 mil 200 dólares, por sus servicios, según consta en el informe al que Panamá América tuvo acceso.

Hay que indicar que lo dicho por Abraham Williams, coincide con lo expuesto por Luis Rivera Calle, perito de la fiscalía en el caso de los supuestos pinchazos, quien confirmó que Rolando López y otros funcionarios de la Presidencia en el gobierno de Varela, fueron los que le entregaron lo que debía revisar y ellos coordinaban la investigación. La información revelada por Williams causó revuelo entre los afectados por este hecho.

La exministra de Educación, Lucy Molinar, consideró que consentir una injusticia, porque se trata de un enemigo, deja la puerta abierta a las que siguen. "Sorprende el silencio frente a las declaraciones del antes popular Euro 14", añadió Molinar en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la exprimera dama, Marta Linares de Martinelli, indicó que el mismo testigo protegido confesó cómo fue presionado, pero todos guardan silencio.

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"Euro 14" dijo en su declaración del pasado lunes ante la juez, que muchos guardaron silencio por temor ante los estamentos de seguridad que sembraban armas para abrir investigaciones y hasta torturaban a las personas detenidas.

Incluso imponían a los detenidos a qué abogados tenían que contratar y a quiénes tenían que acusar.

"Con esta noticia criminis deberían estar todos los involucrados despedidos de sus cargos y detenidos. Esto es un escándalo que se sabía, pero ya está comprobado por el mismo testigo que quisieron usar para involucrar a enemigos políticos. Por mucho menos en los tiempos de Kenia te arrestaban", indicó Linares de Martinelli a través de su cuenta de Twitter.

Otro que reaccionó a este tema, fue el exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, quien expresó que si nada pasa en el Ministerio Público respecto de esos fiscales reiterados en tropelías, es que el exmandatario Juan Carlos Varela sigue mandando y su "red criminal" está intacta.

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Por su parte, la abogada Edna Ramos, manifestó que siete años después, un testigo confirma la verdad.

"Espero que la Procuraduría General de la Nación pida la reapertura del sumario del expediente 1434-17 del Juzgado Tercero de Circuito Penal", puntualizó la jurista.

Quien también reaccionó a estas nuevas revelaciones, fue el expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, quien salió absuelto del caso de los supuestos pinchazos, en el cual también se utilizó un testigo protegido al cual se le pagó altas sumas de dinero para que lo involucrara.

"Lo malo es que como son de ellos, esos crímenes de lesa humanidad por ahora nadie los investiga ni pasa nada. Los encubridores son igual de responsables", expresó el exgobernante.

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Llamado al procurador

Ante las revelaciones hechas por el testigo "Euro 14", la abogada Dinoska Montalvo, defensora del exministro Frank De Lima, le hizo un llamado al procurador Javier Caraballo, para que "le dé paz a la sociedad panameña" y sepa quiénes son las personas que tiene manejando estos casos.

Agregó que el Ministerio Público (MP) es una institución que sí tiene la capacidad para destruir pruebas, información que está dentro de los expedientes, sacar de contextos las declaraciones y hacer a muchas personas esperar largos años para poder demostrar su inocencia.

"El procurador Caraballo debe tomar decisiones radicales ya, porque estas personas no pueden mantenerse dentro del Ministerio Público, después de todo lo que ha salido", enfatizó la abogada defensora de Frank de Lima.

Montalvo añadió que muchos de los abogados presentes en la audiencia solicitaron a la jueza Rentería que compulsara copia de lo manifestado por el testigo protegido en la audiencia del caso de Granos a Caraballo, esto para que investigara este caso.

La jurista señaló que muchos de los fiscales presentes en la audiencia se molestaron, cuando los abogados defensores indicaron que entre los años 2014 y 2019, en el Ministerio Público lo que hubo fue un "terrorismo judicial".

"No se puede llamar de otra manera lo que ellos hicieron, cómo tú prometes, cómo tú coaccionas a una persona para que él señale y la mayoría de esas personas han quedado involucradas en estos procesos, porque precisamente ellos le arrancaron esos nombres a cambio de no vincularlos al proceso, a una investigación para no tenerlos subiendo y bajando escaleras, esto es justicia, esta es la justicia de la que tanto se jactaban", cuestionó la defensora.

Enfatizó que también ha salido a relucir cómo la información de muchos de los involucrados en estos casos, saltaban a un medio de comunicación y a través de esto se le abrían los procesos con las llamadas noticias criminis.

"Lo que nosotros sabíamos ha salido a relucir, ahora con más claridad y no hay otra manera de llamarlo que terrorismo judicial, por lo que todos estos casos deben ser investigados y estos procesos deben analizarlos con lupa para saber quiénes estaban involucrados", puntualizó.

Montalvo también se refirió a que los acuerdos de pena que se firmaron durante este proceso deben ser revisados con lupa.

"Nosotros tenemos que ver qué fue lo que pasó con esos acuerdos de pena, en los cuales muchas personas salieron de estos casos. Esto para ver si muchos de los mismos se hicieron fundados en los principios de justicia o sencillamente fue el regalo que les dieron por mencionar un nombre que a ellos les convenía, nombres para poder tener una justificación y mantenerlos en detención preventiva como se le hizo a muchas personas en el periodo entre los años 2014 al 2019", explicó Montalvo.

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