El Ministerio Público (MP) y  los querellantes en el caso denominado pinchazos,  presentaron ayer por escrito un recurso de anulación con concurrencia de causales de casación, el cual sustentaron con dos argumentos básicos que, a juicio del abogado Alejandro Pérez, no tienen la suficiente fuerza para revertir el "contundente fallo" de la no culpabilidad del expresidente Ricardo Martinelli.

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Pérez, parte del equipo legal de Martinelli, reconoció que la fiscalía y los querellantes están en su derecho de presentar sus recursos de apelación que consideren, pero vaticinó que después de la sentencia de más de 115 páginas del Tribunal de Juicio, "que fue contundente y con una clara valoración de las pruebas presentadas, el resultado se mantendrá igual".

Ayer, el fiscal Ricaurte González reveló que sus principales argumentos son la valoración que se le dio de "supuesta prueba trasladada" a los siete cuadernillos que formaron parte de lo que ellos llevaron al proceso.

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Adicional, el Ministerio Público también se queja de que no se le dio una correcta valoración a las declaraciones del denominado "testigo protegido".'

24

páginas tiene el recurso de anulación presentado ayer por el fiscal Ricaurte González.

115

páginas incluye el fallo de no culpable que desvinculó de las acusaciones a Martinelli.

Pero, sobre estos dos puntos, el abogado Alejandro Pérez aclaró que en el juicio se explicó ampliamente que las "pruebas trasladadas son útiles y válidas solamente cuando la persona está en los dos procesos [el originario y el trasladado] y ese no es el caso de Martinelli".

Y sobre el testigo protegido, el jurista afirmó que fue un "mentiroso protegido", y recordó que se atrevió a decir "mentiras graves, incluso confesando haber incurrido en delitos".

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También, recordó que su salario pasó de $750 mensuales a $8,400 "por prestarse para esta patraña".

El recurso sustentado por la fiscalía y los querellantes debe ser enviado al Tribunal Superior de Apelaciones, donde luego de las respectivas evaluaciones, deberá ser remitido a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde a su vez deben resolverse algunos impedimentos por conocimiento previo.

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