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Se mantiene nulidad en caso de mochilas escolares del PAN

El amparo fue negado tras considerar que el pleno no es una instancia revisora, ni tercera instancia para resolver asuntos de fondo dentro de un proceso.

Luis Ávila - Actualizado:

La nulidad del proceso se dictó a favor de la empresaria Poullet Morales.

La Corte Suprema de Justicia, en pleno, decidió mantener la nulidad del caso de las mochilas escolares, tras no admitir un amparo de garantías constitucionales presentado por el fiscal Anticorrupción, Edwin Guardia.

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El amparo, presentado por el fiscal Guardia, era contra la decisión del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, que declaró la nulidad del proceso seguido a 17 personas, entre las que están: Poullet Morales, Lucy Molinar, Mario Martinelli, Giácomo Tamburelli, Julissa Stanziola y Abraham Williams.

También están: Berta Roldán, Roberto Brin, Roberto Luzcando, Jaime Ruíz, Franklin Araúz, Carlos Araúz, René Guardia, Pablo Obregón, Janeth Araúz, Daniel Ruiz Obregón y Eliécer Tuñón.

Hay que resaltar que en un fallo, con fecha del 23 de mayo de 2023 y bajo la ponencia del magistrado Cecilio Cedalise, la Corte decidió no admitir el amparo de garantías presentado por el fiscal Guardia, tras considerar que el pleno no es una instancia revisora, ni es una tercera instancia para resolver asuntos de fondo dentro de un proceso.

Igualmente destacó que tampoco el pleno es un medio impugnativo para determinar si la autoridad demandada (en este caso, el Tribunal Superior de Liquidación) interpretó de forma correcta la ley.

Cabe destacar que el 13 de febrero del 2023, el Tribunal Superior de Liquidación revocó la decisión del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, que se había negado a acoger un recurso que pedía la nulidad del caso.

Dentro de sus argumentaciones para decretar la nulidad, se indicó que el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales de Panamá utilizó como argumento un fallo del Tribunal de Cuentas en que se determinó que no existió una lesión patrimonial en perjuicio de los fondos del Estado con la compra de estas mochilas escolares.

Algo que los abog ados defensores han argumentado en este caso y en otros procesos donde se han visto involucrados contratistas del Estado panameño.

El pasado 21 de febrero, el Juzgadp Primero Liquidador de Causas penales de Panamá ordenó levantar todas las medidas cautelares que pesaban contra las personas que fueron investigados dentro de este caso.

Hay que manifestar que con que con la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia queda cerrado el caso por las compras de las mochilas.

La investigación se inició el 5 de septiembre del 2014, a raíz de un reportaje televisivo donde se reportaban irregularidades en la adquisición de mochilas escolares por un monto de $12 millones.

En enero de este año, la exministra Lucy Molinar recordó que cuando este proceso inició generó una serie de titulares en diversos medios de comunicación.

Agregó al notificarse por tercera ocasión del cierre de este proceso legal que el ruido inicial de este caso fue tanto, que ella pensó que el resultado del caso también iba a circular igual, algo que no fue así.

Entre las inconsistencias encontradas en este proceso están, por ejemplo, que la cotización que usaron para decir que hubo sobrecosto era más cara que el precio pagado.

También que el día que la Fiscalía llegó a una de las regiones a tomar declaraciones, todos los directores fueron enviados a una reunión en la capital.

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