Sittón: orden de detención contra Martinelli es un 'show' mediático

Como un “show” mediático catalogó el abogado y analista internacional, Pedro Sittón, la orden de detención preventiva dictada por la jueza Baloísa Marquínez, en contra del candidato presidencial Ricardo Martinelli.  

Según Sittón, se busca satisfacer las ansias de sangre que tienen los medios de comunicación social, la casta política y empresarial del país.

El abogado explicó que una lectura rápida de dicho dictamen da a entender que la sentencia del caso New Business sigue sin estar ejecutada, porque uno de los requisitos principales y básicos para que la misma lo esté, es que se debe notificar personalmente a Ricardo Martinelli de la misma, y eso no se ha dado.

“Y por los vientos que soplan no se va a dar en un día, en una semana y ni siquiera en un mes y eso lo que está trayendo ‘roncha’ a un Órgano Judicial al cual se le están pidiendo medidas contundentes violando el debido proceso”, señaló. 

Por otro lado, Sittón cree que ante el hecho cierto de que el Órgano Judicial no ha podido tener una sentencia ejecutoriada, como se lo están pidiendo, entonces recurre a esta “bajeza judicial”.

Agregó que esto lamentablemente perjudica a un panameño que se encuentra asilado como perseguido político y que el gobierno de la República de Nicaragua le sigue manteniendo dicho estatus político, a pesar de que ahora el gobierno de Panamá podrá reclamarlo como un prófugo cosa muy alejada de la realidad política en la que vivimos en esta dictadura civil.

En tanto, el secretario general del partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, manifestó que los medios que encabezan la campaña de desinformación en contra de Martinelli, publican hoy falsamente que en razón de la sentencia política del caso conocido como New Business, se dictó medida de detención preventiva.

Aclaró que dicha sentencia política no está en firme y agregó que la arbitraria medida anunciada por la jueza Baloisa Marquínez, obedece a un cambio de medida cautelar solicitada por dos fiscales del Ministerio Público; está abusiva decisión, atenta contra los Convenios y Tratados internacionales.

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