Supuestos contratos irregulares de personal terminarían en el Ministerio Público

El escándalo de la supuesta contratación irregular de influencers y figuras de la farándula en el gobierno de Laurentino Cortizo, no solo podría terminar en destituciones y anulación de contratos, sino también en denuncias penales.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), abrió una investigación de 14 casos en los ministerios de la Presidencia, Cultura, Gobierno, Seguridad Pública y la Asamblea Nacional, entre otras instituciones.

Y de encontrarse algo irregular, la Antai tendría la obligación de solicitar la destitución inmediata de estas personas y la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público.

El Código Penal establece penas de 1 a 3 años de prisión, o su equivalente en días-multa, a los funcionarios que permitan la malversación de fondos públicos o su mala utilización. La misma pena se aplicará a las personas que cometan estos delitos directamente.

La Antai también le solicitó a la Dirección de Carrera Administrativa "los manuales de clases ocupacionales y de procedimientos técnicos para examinar si las funciones específicas asignadas de una serie de servidores públicos están siendo cumplidas en atención a la ley".

Y así como algunos de los involucrados son influencers, el tema ha causado revuelo en las redes sociales.

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Las instituciones que no han elaborado su manual son: Agencia Especial del Área Económica Panamá-Pacifico, Autoridad de Innovación Tecnológica, Autoridad Nacional de Aduanas, Autoridad Nacional de Tierra, Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Caja de Ahorros, Comisión Nacional de Valores, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Fiscalía de Cuentas, Hospital de Obaldía, Hospital del Niño, Ministerio de Seguridad, Superintendencia de Bancos y el Tribunal de Cuentas.

Personas como el abogado Guillermo Cochez cuestionan la acción "tardía" de la Antai. "Así mismo tardía será la respuesta que darán las oficinas públicas requeridas".

Otros como Héctor Morcillo señalan que en la Asamblea Nacional el 80% de los funcionarios no cumple con las funciones específicas asignadas.

También hay quienes indican que en el Gobierno históricamente ha pasado que botan a los que trabajan y protegen a los que no lo hacen.

Además, el abogado Roberto Ruíz Díaz le sugirió a la Antai que pida la revisión de la escala salarial en el Estado, porque hay personas que suman emolumentos por encima de lo que establecen las normas.

Recuerda que las regulaciones vigentes sobre el particular prohiben que funcionarios de menor jerarquía a un ministro de Estado, tengan una remuneración mayor que estos.

¿Quiénes son los responsables?

Las normas sobre contrataciones de personal que mantienen individualmente las diferentes instituciones del Estado son claras y concordantes en aspectos elementales.

La Dirección de Carrera Administrativa ha sido clara en que cada institución debe sustentar cuál es su requerimiento de recurso humano.

Y cada puesto de trabajo debe tener la descripción específica de las tareas inherentes y los requisitos mínimos para ocuparlos. Y para que las cosas estén más claras, se exige que estas regulaciones sean actualizadas periódicamente.

Todos los funcionarios están obligados a ejercer sus funciones públicas de manera personal y cumpliendo plenamente con las tareas asignadas por sus superiores.

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