La jueza encargada del juicio contra el anticastrista Luis Posada Carriles ratificó hoy que los fiscales no pueden mencionar que el exiliado declinó responder preguntas sobre una supuesta "intención de atentar" contra el exgobernante cubano Fidel Castro en Colombia, en 1994.
La decisión de la magistrada Kathleen Cardone se emitió sin la presencia del jurado en el tribunal de El Paso (Texas) y luego de que los fiscales solicitaron que revirtiera un fallo anterior sobre los extractos de la entrevista de ciudadanía de Posada Carriles donde invocó la Quinta Enmienda de la Constitución de EE.UU.
El cubano-venezolano invocó esa enmienda para no responder a los presuntos planes de atentar contra Castro y tampoco sobre los ataques con explosivos a instalaciones turísticas en Cuba, en 1997, entre otros temas.
Esa enmienda permite a las personas negarse a hablar de un asunto o testificar si temen incriminarse a sí mismas.
Con esta petición, los fiscales buscaban contrarrestar la impresión que "causó" una de las testigos al jurado de que las autoridades de EE.UU. "se excedieron" durante la entrevista al cubano-venezolano, en el 2006.
Una situación que, alegaron, aprovechó la defensa de Posada Carriles, de 82 años, para presentarlo como una víctima en el juicio de 11 cargos por supuesto fraude, obstrucción de procesos, perjurio y falsas declaraciones en su ciudadanía y asilo político.
"Ahora mismo hay la impresión en este jurado de que se tomó ventaja del acusado", se quejó el fiscal Jerome Teresinski ante la juez Cardone.
Teresinski se refería al testimonio de la exfuncionaria de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), Susana Bolaños, del jueves, y quien integró el equipo que entrevistó al anticastrista cuando solicitó la naturalización.
El fiscal argumentó que el abogado defensor Arturo Hernández describió a su cliente como un hombre anciano que "no podía funcionar y fue emboscado".
Hernández calificó los alegatos de la Fiscalía Federal de "ridículos" y dijo que tenía derecho a cuestionar la capacidad de su defendido, en ese entonces de 78 años, para responder a 57.000 preguntas en dos días para su solicitud de ciudadanía.
Afirmó que se cometieron excesos como tener a 12 funcionarios estadounidenses durante la entrevista, que Posada Carriles fue interrogado alternativamente por dos abogadas y lo grabaron en vídeo.
Las abogadas integraban una unidad de Seguridad Nacional encargada de analizar a nivel nacional las peticiones de ciudadanía en casos que generaban preocupación al Gobierno por la seguridad del país.
Hernández dijo que el abogado de inmigración que representó a Posada Carriles, Felipe Millán, intervino cuando se dio cuenta de que con la entrevista los abogados del gobierno tenían "motivos ulteriores".
Algunos de los cargos que enfrenta Posada Carriles de fraude y perjurio son porque presuntamente el exagente de la CIA habría mentido en la entrevista de naturalización al declarar que ingresó a EE.UU. vía terrestre como indocumentado en el 2005.
La Fiscalía sostiene que entró por mar desde Isla Mujeres, en México, a Miami, en la embarcación La Santrina y ayudado por otros exiliados.
Lo acusa también de haber mentido en la audiencia de asilo político cuando aseguró no haber solicitado a otra persona plantar bombas en Cuba.
Los abogados de Posada Carriles intentan probar que las autoridades estadounidenses permitieron a su cliente presentarse a las entrevistas a sabiendas de que no reunía los requisitos para obtener el asilo político y la ciudadanía.
