Dos juristas españoles que esta semana aportaron sugerencias al proceso de creación de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial en Honduras señalaron hoy que éste es positivo para el país aunque deben corregirse aspectos que limitarían la independencia de jueces y magistrados.
El magistrado del Tribunal Supremo de España Eduardo Calvo Rojas y Carlos Almela Vich, letrado del Consejo General del Poder Judicial español, dijeron a Efe que encontraron "voluntad política" en legisladores y otras autoridades hondureñas para concretar el proyecto, que en su opinión se queda corto.
Calvo Rojas y Almela Vich se reunieron esta semana en Tegucigalpa con diputados, funcionarios, académicos y dirigentes de abogados, magistrados y jueces, entre otros, con el fin de promover la incorporación de estándares internacionales en la reforma judicial.
La visita fue auspiciada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el apoyo financiero de la Unión Europea.
El Congreso Nacional hondureño aprobó recientemente una reforma constitucional que despoja a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de ciertas atribuciones para trasladarlas al Consejo de la Judicatura, como paso inicial para su constitución.
"Hemos venido a dar nuestras sugerencias o indicaciones de cómo debe hacerse una ley de la Carrera Judicial para garantizar la independencia de los jueces y ordenar un poco el sistema de justicia en Honduras ahora que ellos están dispuestos a hacer una ley", comentó Calvo Rojas.
Apuntó que su conclusión preliminar es que el recién iniciado proceso "es un avance pero que hay aspectos donde no se cumplen estándares que se dan en el derecho comparado", por lo que "habría que corregir algunos aspectos".
Calvo Rojas apuntó que "la reforma constitucional ha dado un pasito, pero se ha quedado corta, y lo malo es que al quedarse corta puede limitar o cortar las alas del proceso legal que viene".
La enmienda, explicó, "ha abierto esa puerta a base de modificar las atribuciones de la Corte Suprema quitándole algunas, pero conserva (...) atribuciones que en el derecho comparado no tiene".
"Una Corte Suprema lo que debe hacer es ser el tribunal supremo de todos los órdenes", pero "no tener competencias para la creación de juzgados, aprobación de presupuesto o para dirigir la justicia como sigue diciendo todavía la Constitución" hondureña, indicó.
Sin embargo, "si se consigue algo en la organización de la justicia, que funcione mejor y sea más independiente, ya sería un logro para el país", remarcó.
Calvo Rojas comentó que, según jueces y otras personas con las que dialogaron, el papel de la CSJ en el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya en 2009 y las sanciones a cuatro jueces por participar en protestas contra el golpe de Estado "han animado" la búsqueda de "un modelo distinto" para la justicia en Honduras.
Almela Vich reafirmó que así como quedó la reforma constitucional "quizás no sea el mejor marco para iniciar un proceso en profundidad de reforma a la justicia de acuerdo con los cánones internacionales, pero (...) sí es un paso adelante".
El proyecto, indicó, "no respeta, no garantiza lo que se debería garantizar, que es un órgano independiente y una carrera profesional".
Los juristas españoles señalaron la necesidad de evitar que la CSJ "monopolice el Consejo de la Judicatura", aunque sí debe tener representantes en el mismo.
Destacaron la actitud "positiva" de los legisladores hondureños que preparan el proyecto, al grado de que el jueves los invitaron a una breve comparecencia ante el pleno, pero lamentaron no haberse reunido con la CSJ a pesar de gestiones del PNUD.
