La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, dijo hoy que los juicios que se han celebrado en contra de los responsables del genocidio en Guatemala son esperanzadores y que el Gobierno está haciendo esfuerzos para que se respeten las garantías en el país.
En el último día de su visita a Guatemala, que inició el pasado domingo, Pillay se entrevistó hoy con el presidente Otto Pérez, quien le presentó su política sobre derechos humanos y se comprometió a respetar las libertades en el país.
Durante una rueda de prensa, la alta comisionada de la ONU dijo que "resulta esperanzador que por primera vez hayan sido llevados ante la justicia casos de violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado".
Entre ellas mencionó la masacre de 201 personas conocida como Dos Erres, perpetrada en 1982 y por la que han sido condenados a 6.060 años de prisión cinco exmilitares.
También las investigaciones abiertas por genocidio en la región de Ixil, en el noroeste de Guatemala, en el que se implica al ex jefe de Estado de facto, el general retirado José Efraín Ríos Montt (1982-1983) y otros dos ex altos cargos del Ejército.
"Debo enfatizar que esto ha sido posible solo gracias a los incansables esfuerzos de los familiares de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil, y al firme liderazgo y compromiso de la Fiscal General", subrayó
Pillay dijo que el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ha contribuido a esos logros en materia de justicia.
Comentó que el pasado martes visitó el cementerio La Verbena, en el sur de la capital, y "me conmovió el poder atestiguar los enormes esfuerzos para buscar personas desaparecidas y para devolver la identidad y dignidad a quienes han sido enterrados como xx".
"He visto muchas señales alentadoras con respecto a la dirección que Guatemala está tomando para hacer frente a la alarmante impunidad", señaló, y saludó la ratificación del Estatuto de Roma, que dijo, "envía un claro mensaje de que la impunidad en graves crímenes del pasado, presente o futuro, no será tolerada".
Sin embargo, manifestó que a pesar de los logros aún hay asuntos pendientes como reformas sustantivas para permitir que el sistema de justicia supere obstáculos estructurales y sea independiente, imparcial y accesible para todos los guatemaltecos.
"Guatemala debe decidir si rompe con el pasado y transformarse en un Estado moderno firmemente cimentado en la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho", anotó.
"Los esfuerzos para acabar con la impunidad del pasado darán como fruto la mejora en la seguridad y la estabilidad de Guatemala, tanto en el presente como en el futuro pero los retos son inmensos", dijo.
Según Pillay, la inseguridad, la violencia y el crimen "son serias preocupaciones" para todos los guatemaltecos, ya que en la actualidad se reportan más muertes violentas cada año que durante el conflicto armado interno (1960-1996).
Expresó que para ser exitosas, las políticas de seguridad necesitan estar enfocadas en medidas preventivas y atender las necesidades de aquellos grupos que tienen más riesgo, como la juventud.
"El tema de la inseguridad es complejo y multidimensional" por lo que es necesario reformar y fortalecer la policía, implementar un control de armas y supervisar a las empresas privadas de seguridad, sugirió.
La alta comisionada de la ONU también expresó su preocupación por el uso del Ejército en funciones de seguridad, que en su opinión debe ser una función de la Policía.
Además de la seguridad, puntualizó, otro reto que tiene Guatemala es superar el racismo y la discriminación racial hacia los pueblos indígenas.
"He urgido al Gobierno a reconocer públicamente su contribución a la justicia y la democracia, así como a adoptar e implementar un mecanismo de protección efectivo para aquellos que están en riesgo o enfrentan amenazas, ataques, intimidación y criminalización debido a su labor en derechos humanos", concluyó.
