La Asamblea Nacional (AN) venezolana aprobó hoy en segunda y última lectura una reforma a la Ley de Tierras que introduce la prohibición de la tercerización en las predios agrícolas y faculta al Gobierno a asumir directamente las actividades de producción y distribución de alimentos.
La reforma fue aprobada por la bancada oficialista, que copa casi todos los 167 escaños del Parlamento unicameral, y con los votos salvados de la docena de diputados de oposición pertenecientes al Bloque Humanista y el partido Podemos, ex aliado del Gobierno.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la AN, el diputado "chavista" Mario Isea, precisó que la reforma elimina la tercerización o "toda forma de aprovechamiento de la tierra con vocación agrícola mediante el otorgamiento a un tercero del derecho de usufructo sobre ésta o el mandato de trabajarla".
Esa tercerización ha sido calificada por Isea como una forma de "explotación feudal", en la que "un dueño de tierra se apropia de la fuerza de trabajo de los campesinos, nunca les da prestaciones sociales y jamás tienen la propiedad".
En la reforma se establece que los campesinos que demuestren ante el Instituto Nacional de Tierras (INTI) que tienen tres años o más en ese situación de tercerizados tienen derecho a reclamar la adjudicación del terreno.
También se incorpora al texto legal que el Ejecutivo "podrá asumir directamente las actividades de producción primaria, industrialización, distribución, intercambio y comercialización, relacionadas, con el fin de fortalecer el aparato productivo nacional".
La bancada opositora sostuvo que la reforma constituiría otro atentado contra la propiedad privada y un paso más para convertir al Estado en el propietario de todo en el país, tal como expresó durante las discusiones parlamentarias la diputada de Podemos, Pastora Medina.
Medina señaló que la reforma legal "convierte el Estado en propietario de la tierra" con el "problema" de que donde el control de la producción es estatal "no se produce nada".
Con la aprobación de la reforma en el Legislativo, ésta debe ser refrendada por el Ejecutivo y publicada en gaceta oficial para su entrada en vigor.
