La Cámara Baja de Antigua aprobó una resolución que autoriza al Gobierno a confiscar más de 100 hectáreas localizadas al noreste de la isla que son propiedad del multimillonario estadounidense Robert Allen Stanford, acusado de estafa, informó hoy un fuente oficial.
Tras seis horas de debate, 11 de los 17 miembros de la Cámara Baja votaron ayer a favor de la resolución, que ahora espera al Senado para su aprobación final.
El ministro de Finanzas de Antigua, Errol Cort, dijo que esta medida se volvió necesaria después de que el síndico elegido por Estados Unidos, Ralph Janver, hiciera diversos intentos para intervenir fuera de su jurisdicción.
Señaló al Parlamento que Janver envió cartas a los bancos comerciales pertenecientes a la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) en las que les insta a congelar "cualquier cosa que tenga que ver con Stanford".
El primer ministro de Antigua, Baldwin Spencer, dijo en días pasados a los periodistas que su Gobierno "busca la manera de proteger el patrimonio del país".
El mandatario sostuvo que su tarea es demostrar que "ningún grupo" procedente de cualquier lugar "puede venir a Antigua y Barbuda y sacar sus bienes, particularmente los relativos a las tierras".
La confiscación de tierras y valores ayudaría a pagar "la masiva deuda a los proveedores locales y sostener el empleo de cerca de 800 empleados en estos tiempos de crisis financiera global", según la propuesta del Gobierno.
El pasado sábado, un grupo de auditores comenzó a investigar las cuentas de tres empresas del tejano Stanford en Antigua, para confirmar las sospechas de un entramado de inversión fraudulento de 8.000 millones de dólares.
El Banco de Antigua, parte del entramado Stanford, fue intervenido por el Banco Central del Caribe Oriental después de que la entidad financiera fuera golpeada por la retirada de depósitos por parte de sus clientes.
Para el ministro de Turismo, Harold Lovell, la confiscación de esas 100 hectáreas, una gran parte de ellas cercanas al aeropuerto internacional VC Bird, prevendría que se viesen envueltas en una batalla legal.
Lovell expresó también su preocupación por la posibilidad de que el síndico estadounidense pueda intentar que un juez congele los bienes de Stanford en la isla.
No obstante, miembros del partido de la oposición, el Partido Laborista de Antigua (ALP), objetaron la confiscación de 48 parcelas de terreno y calificaron la decisión de "prematura", ya que a Stanford, el mayor inversor en la isla, no se le han presentado todavía cargos criminales.
Stanford está en libertad, aunque ha tenido que entregar su pasaporte a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés).
La Comisión del Mercado de Valores (SEC. por su sigla en inglés) de EE.UU. acusó el 17 de febrero al multimillonario de operar un fraudulento entramado de inversión de 8.000 millones de dólares.
El Fiscal General de Antigua, Justin Simon, defendió la decisión de la Cámara Baja y afirmó que la Administración de Spencer está particularmente preocupada por los terrenos cercanos al aeropuerto, que afectan a su integridad, seguridad y planes de expansión.
La SEC acusa a Stanford de vender títulos a plazo fijo conocidos como certificados de depósito con unas tasas de interés "improbables y no justificadas".
Con esa promesa captó 8.000 millones de dólares a través del Banco Internacional Stanford, con sede en Antigua.
