La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró hoy la derogación del polémico decreto 1097 en Perú sobre los procesos a militares y policías por violaciones a los derechos humanos.
En un comunicado, la CIDH expresó su satisfacción por esta medida que se produjo el martes en una sesión extraordinaria del Congreso peruano con 90 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención.
El decreto 1097 señalaba que los procesos por crímenes contra los derechos humanos a militares y policías debían ser archivados si en un período de 36 meses, desde que se abre instrucción, no se dictaba sentencia.
Además, señalaba que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad "rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003", cuando el país se adhirió a ese convenio.
La CIDH ya había expresado su preocupación sobre el decreto 1097 el 9 de septiembre cuando consideró, en un comunicado, que podría implicar "serios obstáculos" para la persecución de casos que involucran delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a derechos humanos.
Esta vez el órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló que "confía" en que la derogación de este decreto "permitirá continuar avanzando en los juicios por violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el pasado".
Además, consideró que "evitar la impunidad en estos graves crímenes es esencial para la democracia y el Estado de Derecho en Perú".
El decreto ha provocado duras críticas de defensores de los derechos humanos en Perú, ya que puede permitir que militares, policías y políticos implicados en graves crímenes ocurridos entre 1980 y 2003 no sean sentenciados.
Justamente después de promulgarse la normativa, cerca de una veintena de integrantes del grupo Colina, juzgados desde hace más de cinco años por la matanza de 15 personas en Barrios Altos (1991), pidieron acogerse a dicha ley.
La mayor parte de los procesos por violaciones a los derechos humanos abarcan el periodo entre 1980 y 2000, cuando el Estado combatió al terrorismo en un conflicto que dejó más de 69.000 muertos.
Mientras estuvo vigente el decreto 1097, publicado el 1 de septiembre pasado, ex altos jefes militares y miembros del "escuadrón de la muerte" Colina, creado durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), pidieron acogerse al beneficio, un tema que ahora deberá ser resuelto por los tribunales.
