La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy enérgicamente el asesinato del periodista mexicano Valentín Valdés Espinosa, del diario Zócalo Saltillo, en el estado de Coahuila (nordeste de México).
La CIDH indicó que el asesinato del periodista es el segundo que se ha producido en las últimas tres semanas en México.
Por ello, la Relatoría urgió a las autoridades mexicanas a fortalecer urgentemente los cuerpos de investigación encargados del esclarecimiento de este tipo de delitos.
También instó al Estado mexicano a crear mecanismos especiales de protección que respondan de forma adecuada y efectiva a la grave situación de riesgo que sufren los periodistas, particularmente en la zona de la frontera norte.
De acuerdo con la CIDH, el pasado 7 de enero el periodista de la sección local del diario Zócalo Saltillo circulaba junto a dos colegas reporteros por el Boulevard Venustiano Carranza en la ciudad de Saltillo cuando desconocidos que viajaban en dos camionetas los interceptaron y los obligaron a bajar del vehículo.
Posteriormente, secuestraron a Valdés Espinosa y a otro reportero, quien fue liberado horas más tarde después de ser golpeado.
El viernes, el cuerpo de Valdés Espinosa fue hallado sin vida en el Boulevard Fundadores, frente al Motel Marbella, con un mensaje que no ha sido revelado por las autoridades a cargo de la investigación.
Durante el 2009, al menos diez periodistas fueron asesinados en México por motivos relacionados con el ejercicio de su profesión.
La Relatoría Especial hizo un llamamiento urgente a las autoridades mexicanas para que investiguen el crimen de Valdés Espinosa y capturen y sancionen adecuadamente a los responsables.
Asimismo, reiteró de forma enérgica su petición al Estado mexicano para que impulse de manera decidida las investigaciones sobre los crímenes contra los comunicadores y a que adopte, lo antes posible, medidas indispensables para proteger a la prensa.
Esas medidas, indicó, deberían suponer el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, la federalización de los delitos cometidos en contra de periodistas y la implementación de mecanismos permanentes de protección especializados para garantizar la vida y la integridad de los comunicadores en riesgo.
